Frente a la severa escasez de médicos en Melilla y Ceuta, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha emprendido la externalización de ciertos servicios sanitarios mediante contratos menores con compañías privadas, entre ellas Vithas, tras la finalización de los convenios con Quirón y Fundación Jiménez Díaz.
Esta iniciativa, orientada a asegurar la atención en especialidades como neurofisiología, logopedia, medicina nuclear y Teleictus, ha provocado debate, ya que se contrapone a las constantes objeciones de García hacia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por una presunta «privatización de la sanidad pública».
El neurólogo Jesús Romero Imbroda destaca que «en zonas con dificultades para mantener servicios plenamente disponibles, la externalización constituye una herramienta legal y adecuada para garantizar el acceso a los usuarios». Además, recuerda que gobiernos socialistas, como el andaluz, han aplicado este modelo durante años.
Desde 2020, Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha invertido 31 millones de euros en Ceuta y 19 millones en Melilla para la externalización de servicios como ecografías, mamografías, TAC, colonoscopias y densitometrías, alcanzando una privatización cercana al 40% en estas ciudades autónomas.
El Hospital Comarcal de Melilla, cerrado el 16 de diciembre tras la transferencia de pacientes al Hospital Universitario, ha contratado pruebas externas por un importe de 1,5 millones de euros entre enero de 2023 y abril de 2024.
Romero Imbroda subraya que esta cooperación público-privada no debe ser presentada de forma negativa y califica como «hipocresía» la crítica a medidas que se aplican en otros contextos. Además, señala las dificultades de gestión debido a que Ingesa depende de Madrid, alejada de la realidad local, y propone que la sanidad de Melilla tenga un responsable local más cercano a la población.
Por su parte, Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, lamenta que la ciudad continúe siendo poco atractiva para los médicos, debido a la falta de compromiso y recursos del Gobierno central, a pesar de haber sido declarada zona de difícil cobertura.
