La Fiscalía Anticorrupción española ha avanzado en la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, identificando posibles vínculos con un bróker venezolano y un exbanquero que reside en Suiza.
El procedimiento, que permanece bajo secreto de sumario, comenzó tras recibir información de Francia y Suiza relacionada con una red internacional presuntamente implicada en el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Se investiga si parte de los 53 millones de euros del rescate público otorgado a la compañía en 2021 pudo haberse utilizado en estas operaciones.
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Entre las personas mencionadas en la investigación están Danilo Alfonso Díazgranados, un bróker venezolano con experiencia en finanzas internacionales y conexiones en Estados Unidos y República Dominicana, y Luis Felipe Baca Arbulu, exbanquero suizo cuya actividad patrimonial europea está siendo examinada por las autoridades judiciales.
Las autoridades de España y Europa sospechan que estos intermediarios habrían facilitado, mediante sociedades comerciales, la transferencia de fondos desde Venezuela hacia cuentas situadas en Francia, Suiza y España. También se investiga la adquisición de inmuebles y bienes de lujo vinculados a estas transacciones, en el marco de un presunto esquema de blanqueo de capitales.
El juzgado número 15 de Madrid, encargado del caso, ha relacionado también a otros implicados, entre ellos dos altos cargos de Plus Ultra —el presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli— junto con un empresario y un abogado españoles, quienes fueron detenidos recientemente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y posteriormente puestos en libertad con medidas cautelares.
La investigación se enfoca en determinar si parte del rescate público concedido fue desviado para apoyar o encubrir operaciones vinculadas a esta organización y si la aerolínea sirvió como instrumento en estas transacciones en torno a la fecha del ingreso de los fondos.
Además, se han realizado registros en propiedades relacionadas con los implicados en localidades como Alicante, Madrid, Tenerife y Mallorca. La Fiscalía Anticorrupción continúa analizando indicios aportados por sus homólogos europeos mientras avanza la pesquisa.
