Óscar Fernández, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha reiterado las condiciones que exigirá para apoyar un posible gobierno de la candidata del PP, María Guardiola. Ha señalado que pedirán las mismas condiciones que plantearon previamente en las negociaciones de los presupuestos regionales.
Fernández ha indicado que, en caso de iniciar una negociación, Vox mantendrá los términos que ya propuso para la no negociación de los presupuestos de 2026. Estas peticiones han sido defendidas durante dos años y medio en la Asamblea y también presentadas en procesos negociadores en comunidades como Murcia, Baleares y Valencia.
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En una entrevista reciente en La Hora de la 1, destacó que su propósito es presentar las propuestas conocidas por Guardiola, expresando así una continuidad en su postura y estrategia política.
El candidato ha aclarado que para Vox no es imprescindible formar parte del gobierno. Lo fundamental es que se implementen las políticas acordadas y que se respete sus demandas, dejando claro que su interés está en la influencia en la gestión pública.
Un punto destacado en su intervención fue la crítica al estado actual de Extremadura, a la que calificó como «la región más desfavorecida de España», refiriéndose a ella como «la cenicienta» del país. Manifestó que el objetivo de su partido es revertir esta situación y poner fin a lo que considera «42 años de bipartidismo corrupto».
En materia ambiental, Fernández ratificó la oposición de Vox al Pacto Verde Europeo, defendiendo la importancia de mantener en funcionamiento la central nuclear de Almaraz, considerada la principal industria de la región. Asimismo, se comprometió a proteger los servicios públicos y a canalizar los recursos hacia las necesidades reales de los extremeños.
Además, se comprometió a eliminar gastos prescindibles y a erradicar el «entramado clientelar» que, según él, ha sido construido por el PSOE en 36 años y seguido por el PP, señalando críticas hacia ambos partidos que han gobernado la región.
Fernández también expresó su rechazo a la inmigración masiva ilegal, argumentando que esta situación ha afectado negativamente a los servicios sanitarios y sociales en Extremadura. Por último, reiteró el deseo de que las infraestructuras que benefician a la comunidad no se destinen a otras áreas del país, priorizando las necesidades locales.
