El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 64 millones de euros a Airbnb debido a la publicación de más de 65.000 anuncios de viviendas de uso turístico sin la licencia requerida por la legislación vigente. Esta sanción, que corresponde a seis veces el posible beneficio ilegal obtenido por la compañía con sede en San Francisco, es la segunda mayor que ha aplicado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy a una única empresa, tras los 108 millones impuestos a Ryanair en noviembre de 2024.
La investigación llevada a cabo por el Ministerio reveló que Airbnb no solo permitió la difusión de anuncios sin licencia, sino que también dejó que algunos propietarios utilizaran números de registro falsos o incorrectos. El procedimiento sancionador comenzó en octubre de 2024 y, tras la falta de respuesta de la empresa y las apelaciones judiciales desestimadas, la plataforma retiró los anuncios afectados en julio de 2025.
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“Defenderemos los derechos de los consumidores, independientemente del tamaño o la influencia de las empresas implicadas”, afirmó Bustinduy durante la rueda de prensa. Además de la multa principal, Airbnb fue sancionada con 10.000 euros por no proporcionar información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión y con otros 55.000 euros por incumplimientos relacionados durante la instrucción del expediente.
El Ministerio de Consumo ha manifestado su intención de continuar actuando contra prácticas abusivas en el ámbito inmobiliario y turístico, con otros procesos abiertos, entre ellos uno que afecta a la empresa Alquiler Seguro.
Con esta acción, el Gobierno busca frenar la especulación que afecta a millones de familias trabajadoras y asegurar el cumplimiento de la normativa en el mercado del alquiler turístico.
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