Un grupo de militantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que denuncian haber sufrido conductas machistas dentro de la organización, estudian hacer públicos los nombres de sus presuntos agresores tras percibir una respuesta insuficiente por parte de los mecanismos internos del partido.
Según fuentes consultadas, estas mujeres, que mostraron sus reclamaciones a través de los canales oficiales del PSOE para denunciar acoso o trato degradante, enfrentan un ambiente de desconfianza respecto a la gestión de sus casos. Los testimonios indican que la lentitud o falta de acción de ciertos órganos del partido ha generado la impresión de que una exposición pública podría aumentar la presión y visibilizar sus experiencias.
Estas situaciones surgen en el contexto de una crisis interna en el PSOE vinculada a múltiples denuncias de acoso y conductas machistas, que han provocado dimisiones de cargos y debates públicos en torno a la cultura interna de la formación. Por ejemplo, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, dimitió tras las acusaciones de acoso sexual emitidas en un programa de televisión; aunque negó las acusaciones, decidió abandonar sus responsabilidades institucionales y orgánicas para “no perjudicar” al partido.
Además, se han registrado otras denuncias de relevancia, como el caso de una concejala en Torremolinos, quien denunció acoso sexual reiterado por parte de un secretario local del PSOE. La falta de respaldo interno la llevó a presentar el caso ante la Fiscalía.
Estas polémicas han provocado reacciones de diversas figuras dentro del partido y han abierto debates sobre la eficacia de los protocolos internos de igualdad y protección frente al machismo. Algunos sectores del PSOE y colectivos feministas han pedido medidas más estrictas y mayor transparencia para evitar que las afectadas se sientan obligadas a denunciar públicamente para ser escuchadas.
Por su parte, la dirección federal del PSOE ha reafirmado su compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, aunque reconoce que la gestión de ciertos casos no cumplió con las expectativas. Por ello, ha iniciado una revisión de los procedimientos de atención y apoyo a las víctimas para fortalecer la confianza en sus protocolos internos.
