Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con el ‘caso Koldo’, Santos Cerdán y su colaborador Antxón Alonso implementaron diversas medidas para resguardar la confidencialidad de sus comunicaciones y encuentros. El documento, fechado el 11 de noviembre, explica que el exsecretario de Organización del PSOE aumentó sus precauciones a partir del verano de 2021, después de que José Luis Ábalos dejara de ser ministro de Transportes.
Según los investigadores, aunque desde 2020 Cerdán ya tomaba ciertas medidas de seguridad —como apagar el teléfono durante reuniones con el propietario de Servinabar 2000 S.L.—, fue tras la marcha de Ábalos cuando comenzó a utilizar herramientas más avanzadas para proteger sus conversaciones.
Entre estas, destaca el uso de la aplicación de mensajería cifrada Threema, valorada por su énfasis en el anonimato y la seguridad de los datos. La UCO localizó la primera comunicación por esta vía en verano de 2021, incrementándose su uso especialmente en los intercambios entre Cerdán y Alonso.
El informe señala que el 15 de noviembre de 2021 el empresario vasco contactó con el exdirigente socialista mediante Threema para proponer una reunión cercana a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Un mes después, el 9 de diciembre, se produjo un contacto similar, acompañado de una imagen enviada por Alonso: una fotografía de un documento oficial de la República de Gabón, en francés, que certificaba una deuda de Acciona por 13.581.919.280 francos CFA, cantidad que supera los 20 millones de euros en la actualidad.
Además del uso de esta mensajería segura, los investigadores mencionan otras prácticas para evitar rastreos, como encuentros en un local alquilado por Servinabar, apagar los teléfonos durante las reuniones presenciales o mostrar notas escritas a mano en pantallas durante videollamadas.
En este contexto, la Guardia Civil centra también su atención en varias videoconferencias entre Antxón Alonso y Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción España, quien declaró ante el juez Leopoldo Puente. Una de estas llamadas, del 8 de julio de 2019, fue identificada gracias a una fotografía en un dispositivo de Alonso que muestra una hoja con anotaciones manuscritas vinculadas por la UCO a obras públicas adjudicadas a Acciona.
Pelegrini aseguró ante el Tribunal Supremo que la videollamada se centró únicamente en temas relacionados con Servinabar y negó cualquier actividad irregular. No obstante, los investigadores señalan la coincidencia entre los nombres de ciudades anotados y licitaciones públicas convocadas poco después, que finalmente se asignaron a la empresa constructora.
