El Gobierno mantiene su propuesta de un aumento salarial total del 11% para el personal público en el periodo comprendido entre 2025 y 2028, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector. A pesar de que las negociaciones con los sindicatos continúan, la oferta permanece vigente a la espera de una decisión final.
Desde el Ministerio de Función Pública se ha ratificado que la propuesta de incremento para los empleados públicos se mantiene, estableciendo un aumento acumulado del 11% durante los años 2025 a 2028. Este acuerdo busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los aproximadamente 3,5 millones de funcionarios, como consecuencia de la inflación en años recientes.
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La propuesta sigue siendo el principal punto de discusión en las negociaciones entre el Ejecutivo y los representantes sindicales. Se ha alcanzado un acuerdo parcial en algunos aspectos, aunque quedan temas pendientes. Los sindicatos valoran la propuesta como una mejora, pero consideran que no compensa completamente la disminución acumulada del poder adquisitivo ni el aumento sostenido del coste de vida.
El incremento salarial se estructura en dos fases: un 4% durante los dos primeros años (2025-2026), y el porcentaje restante en el periodo final (2027-2028). Además, en las conversaciones se incluyen temas como la promoción interna, la movilidad en el empleo y el refuerzo de las pensiones de destino, aunque los sindicatos solicitan mayor claridad en los mecanismos de actualización salarial vinculados al IPC.
El Gobierno señala que esta propuesta busca equilibrar el aumento salarial con el cumplimiento del techo de gasto y las condiciones fiscales vigentes, afectadas por la inflación y otros factores económicos. No obstante, los sindicatos sostienen que sería necesario mejorar la oferta para evitar la pérdida de competitividad del empleo público frente al sector privado.
Ambas partes se preparan para finalizar próximamente los detalles de un acuerdo que garantice la estabilidad del sector público y salvaguarde los derechos laborales de los funcionarios.
