Una de las reformas principales en la legislación de arrendamientos concede a los arrendatarios el derecho de permanecer en la vivienda hasta cinco años, incluso si el propietario desea finalizar el contrato. Esta disposición, incluida en el Real Decreto‑ley 7/2019 y la Ley 12/2023, del Derecho a la Vivienda, protege al inquilino siempre que cumpla con los pagos y demás compromisos establecidos.
El Gobierno ha reforzado la protección de los arrendatarios con una normativa que dificulta a los propietarios recuperar sus inmuebles antes del tiempo mínimo fijado. De acuerdo con la reforma del Real Decreto‑ley 7/2019, los contratos de alquiler para vivienda habitual firmados desde el 6 de marzo de 2019 incluyen un derecho a permanecer, que impide al arrendador solicitar la salida del inquilino antes de cinco años si es persona física, o siete años en caso de ser persona jurídica.
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Para que este derecho se aplique, el arrendatario debe cumplir con todas las obligaciones contractuales: estar al día con los pagos, respetar las condiciones acordadas y no haber incumplido ninguna causa que justifique la resolución del contrato. En estas condiciones, aunque el propietario exprese su intención de no renovar, el inquilino podrá permanecer en la vivienda según el plazo legal y contractual establecido.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señala que esta medida pretende ofrecer mayor estabilidad a los arrendatarios en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado.
Por su parte, las asociaciones de propietarios han manifestado su inquietud debido a que la ampliación de los períodos puede limitar su flexibilidad para disponer de sus inmuebles. Sin embargo, para los inquilinos supone una garantía adicional en un contexto de aumento constante de los precios del alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona.
En conclusión, los contratos de arrendamiento que incluyan el derecho a la permanencia y se adecúen a la legislación vigente permiten al arrendatario quedarse en la vivienda hasta cinco años, siempre que cumpla con sus obligaciones. Por ello, los propietarios deben considerar estos cambios legales al firmar nuevos contratos o negociar rescindirlos anticipadamente.
