La violencia de género en España presenta una situación preocupante, especialmente cuando involucra a menores. El trágico asesinato de Ruth y José, de seis y dos años, perpetrado por su padre en Córdoba en 2011, marcó un punto crucial en la conciencia social y evidenció la urgencia de abordar este problema desde una perspectiva más completa y eficaz.
José Bretón, responsable del homicidio, aguardó casi dos años hasta el juicio, período durante el cual intentó mantener contacto con su exesposa. Según Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, esta conducta refleja un patrón de control y manipulación que busca perjudicar a la madre infligiendo sufrimiento a los hijos.
La violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino que también se extiende a los hijos, quienes son usados como medio para causar daño. Desde 2013, en España se han documentado casos donde menores han sufrido violencia en contextos de violencia de género, con 65 niños asesinados y más de 480 quedando huérfanos tras la muerte de sus madres.
De esos 65 niños asesinados, 38 fueron víctimas de violencia vicaria, un acto intencionado donde el agresor busca dañar a la madre a través de sus hijos. Reconocer y denominar esta forma de violencia es vital para visibilizar una realidad que antes quedaba diluida en estadísticas generales. Datos del Ministerio de Igualdad señalan que más de la mitad de los menores asesinados tenían menos de siete años.
La violencia de género se manifiesta de diferentes maneras y afecta a los menores en varios aspectos. En el 86% de los casos de menores fallecidos, el perpetrador era el padre biológico o adoptivo. Muchos incidentes ocurrieron en contextos con denuncias previas, lo que cuestiona la eficacia de las medidas de protección para las víctimas y sus hijos.
El proceso de separación de las parejas representa un momento de alto riesgo, tanto para la madre como para los hijos. En estas circunstancias, el control y la manipulación por parte del agresor se intensifican, creando situaciones de peligro para los niños. Según una macroencuesta de 2019, más de 1,7 millones de menores viven en hogares donde el padre maltrata a la madre.
A pesar de la evidencia, la protección de los menores continúa siendo insuficiente. En 2024, había 1.758 menores con medidas de protección activas, aunque los procedimientos suelen centrarse en la madre, sin realizar una valoración adecuada del riesgo para los niños. Esto los deja vulnerables, siendo las víctimas silenciosas de la violencia de género.
El sistema de protección actual suele asumir erróneamente que si la madre está protegida, los hijos también lo están. La falta de atención a las necesidades específicas de los menores y la saturación del sistema judicial provoca demoras en la evaluación de sus casos. En ocasiones, las valoraciones psicosociales pueden tardar hasta año y medio, lo que resulta inaceptable en situaciones de alto riesgo.
En resumen, es fundamental reformular las políticas de protección para garantizar que ningún niño quede desprotegido en situaciones de violencia de género. Se requiere una valoración individualizada de cada menor y un enfoque integral que reconozca su necesidad de protección y apoyo emocional para mitigar los efectos a largo plazo derivados de vivir en ambientes violentos.
