La juez encargada de la investigación sobre la gestión de la DANA ha solicitado al despacho Pérez-Llorca la factura del teléfono desde el cual su equipo mantuvo comunicación con Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, durante el episodio de lluvias e inundaciones.
Esta petición forma parte de las diligencias destinadas a esclarecer posibles fallos en la respuesta institucional frente a la tormenta. El objetivo es verificar si existió una comunicación directa o coordinada entre el bufete y el político mientras los servicios de emergencia intervenían.
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Según fuentes judiciales, el contenido de esa llamada podría aportar claridad sobre la implicación del despacho en las decisiones adoptadas o en la estrategia de comunicación durante la crisis.
El despacho Pérez-Llorca aún no ha emitido declaración oficial, pero la jueza exige que se aporten la factura y registros vinculados al número telefónico utilizado en la llamada. La información sobre el momento, frecuencia y duración del contacto podría ser relevante para la investigación.
Esta solicitud se suma a otras requeridas relacionadas con documentación interna, informes técnicos y alertas previas al temporal, con el fin de reconstruir cualquier posible error o demora en la gestión de los cauces y barrancos en la zona afectada. El análisis detallado de estas comunicaciones puede aportar indicios sobre la actuación de los diferentes actores involucrados, incluyendo autoridades políticas, servicios de emergencia y el equipo técnico del despacho.
El enfoque judicial revela que la investigación abarca, además del análisis del fenómeno meteorológico, las decisiones políticas y contactos mantenidos durante la crisis. Para la magistrada, la factura telefónica no es un dato administrativo más, sino un elemento clave para determinar si existió un canal de comunicación activo entre el bufete y el presidente de la Diputación que trascendiera lo formal.
