Las adjudicaciones directas a Tragsa y Tragsatec siguen ocasionando un aumento en las críticas en Ceuta. Empresarios de la región señalan que este esquema no solo incrementa el coste de las obras públicas, sino que también restringe las posibilidades de empleo para trabajadores ceutíes, privando a la ciudadanía de oportunidades que podrían generarse si los contratos se licitaran entre compañías privadas locales.
Un procedimiento que excluye a las empresas locales
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En Ceuta, donde la economía y el empleo dependen en gran medida de la obra pública y los contratos de servicios, la adjudicación directa a Tragsa y Tragsatec tiene un efecto especialmente negativo. Cada vez que la Administración otorga estos trabajos a dichas empresas públicas, las compañías ceutíes quedan automáticamente marginadas, sin opción a competir ni demostrar que pueden llevar a cabo el proyecto a un coste más bajo.
El impacto es evidente: menos licitaciones significa menos empleo para Ceuta.
Reducción directa del empleo para trabajadores locales
La consecuencia más relevante es la disminución significativa de oportunidades laborales para los habitantes de Ceuta. Cuando un negocio local privado obtiene un contrato, la contratación se efectúa dentro de la ciudad: albañiles, electricistas, peones, vigilantes, administrativos, técnicos e ingenieros, todos con dificultades para encontrar empleo estable en la ciudad.
No obstante, cuando el trabajo corresponde a Tragsa o Tragsatec, la situación cambia:
— La contratación se gestiona desde otras regiones.
— Frecuentemente, se asignan trabajadores trasladados desde otras zonas.
— Los profesionales ceutíes ocupan cargos secundarios o ausentes.
Así, proyectos que podrían generar empleo en Ceuta terminan por crear oportunidades laborales fuera de la ciudad.
Costes superiores y menor beneficio social para Ceuta
La crítica es doble: por un lado, los trabajos adjudicados a Tragsa y Tragsatec suelen tener costes mayores que si los ejecutasen empresas privadas. Por otro lado, esta diferencia económica no se traduce en empleo local, sino que los recursos se destinan a estructuras administrativas externas.
En resumen: Ceuta paga más y obtiene menos beneficios.
Carencia de transparencia y sospechas acerca de contratación interna
Más allá del aspecto económico y laboral, existe una percepción creciente entre ciudadanos y empresarios acerca de posibles procesos poco claros en la selección de personal en estas empresas públicas. Al no realizar contrataciones mediante procedimientos abiertos y competitivos, surgen dudas sobre la existencia de empleos otorgados por influencias y salarios muy superiores a los estándares locales, algo inviable para una pequeña o mediana empresa de Ceuta.
Sin presentar acusaciones formales, estas inquietudes reflejan un sentir común: mientras Ceuta busca generar empleo digno para su población, estas entidades públicas operan bajo criterios no siempre transparentes que no benefician al territorio donde funcionan.
Ceuta debe fortalecer su tejido empresarial en lugar de desplazarlo
La economía local depende de que las empresas del territorio puedan trabajar, expandirse y contratar a su personal. Sin embargo, la creciente asignación de contratos a Tragsa y Tragsatec genera un efecto negativo:
— Reducción de contratos para empresas privadas.
— Descenso en el empleo local.
— Debilitamiento de las empresas de la ciudad.
— Mayor dependencia del sector público.
En una región con niveles altos de desempleo, limitar la generación de empleo a través de licitaciones abiertas representa un obstáculo para el desarrollo económico de Ceuta.
Ceuta demanda procesos abiertos para proteger el empleo local
La adjudicación directa a Tragsa y Tragsatec no solo eleva los costes de las obras públicas, sino que también reduce significativamente las oportunidades laborales para la población ceutí. Las críticas apuntan no solo al aumento de gastos, sino a la inequidad social generada al excluir a los trabajadores y empresarios locales, quienes contribuyen fiscalmente, apuestan por la ciudad y aportan riqueza.
Ceuta precisa de un esquema transparente que permita la competencia entre empresas privadas locales y asegure que el dinero público invertido también genere empleo dentro de la ciudad. De no ser así, se comprometerá su futuro económico.
