Responsables del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto entramado empresarial que podría haber desviado fondos públicos destinados a la lucha contra el cáncer. La denuncia indica que una empresa establecida en la residencia del actual gerente, Juan Arroyo, habría recibido 1,3 millones de euros a través de un contrato de alquiler por encima de los precios de mercado.
La compañía implicada es Navestalia, la cual, según los documentos aportados, estaría controlada por un colaborador cercano y amigo íntimo de la pareja de Arroyo. Los denunciantes afirman que CNIO estaría abonando a dicha sociedad un alquiler aproximadamente tres veces mayor que el valor real del espacio arrendado.
Los altos cargos que han interpuesto la denuncia consideran que esta situación puede afectar negativamente los recursos públicos destinados a la investigación oncológica, dado que los costes excesivos habrían reducido el presupuesto disponible para infraestructuras científicas y actividades de investigación, redirigiendo fondos a una empresa presuntamente ligada al entorno personal del gerente.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción está revisando la documentación para determinar si existió un uso indebido de los fondos públicos y si la relación entre el gerente, su entorno cercano y Navestalia pudo influir en la asignación y valoración del contrato de alquiler.
El CNIO aún no ha emitido una declaración oficial sobre la denuncia, aunque fuentes internas remarcan la importancia de esclarecer con total transparencia la situación, con el fin de proteger el prestigio del centro y asegurar la correcta gestión de los recursos para la investigación contra el cáncer.
