La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha procedido a la detención de varios funcionarios de alto rango de la Diputación Provincial de Almería, así como de empresarios con vínculos al Partido Popular, en relación con la investigación sobre los contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Entre los arrestados figuran el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez; junto con el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo, Óscar Liria, exvicepresidente de la institución.
De acuerdo con las actuaciones judiciales a las que tuvo acceso la Cadena SER, Rodrigo Sánchez fue interceptado transportando 119.950 euros en efectivo, los cuales estaban ocultos dentro de una funda de almohada y posteriormente colocados en el maletero de un vehículo. Su hijo fue arrestado tras la detención del coche que portaba el dinero. En registros anteriores realizados en la vivienda de un familiar cercano, se encontraron otros 26.000 euros en efectivo distribuidos en sobres.
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El expediente también incluye comunicaciones vía WhatsApp entre integrantes de la dirección del PP en Almería y empresarios relacionados con Óscar Liria, donde se discuten contratos por un valor de dos millones de euros para la empresa Azor Ibérica, especializada en mármol y sin experiencia en el sector sanitario. Los mensajes revelan la preparación de la compra, la negociación de comisiones y la estructura para blanquear ganancias mediante sociedades en el extranjero y la adquisición de vehículos de lujo.
Las pesquisas apuntan a la posible comisión de delitos como cohecho, prevaricación, malversación, fraude en la contratación y blanqueo de capitales, además de posibles conexiones con una organización criminal implicada en narcotráfico. Los informes de la UCO indican que las adjudicaciones se realizaron con precios superiores a los acordados inicialmente y que parte de los beneficios se canalizó a través de empresas interpuestas para ocultar su procedencia.
El caso, que se inició en 2021, continúa bajo secreto judicial para proteger la investigación y el seguimiento de los implicados, dada la gravedad de los indicios recopilados por la UCO.
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