El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha revisado su protocolo para personas trans en situación de detención. Ahora, el sexo registral tendrá precedencia sobre el género con el que se identifique el detenido, una decisión que ha suscitado reacciones críticas por parte de colectivos LGTBI.
El Ejecutivo ha alterado uno de los puntos más controvertidos del protocolo policial destinado a personas trans detenidas, estableciendo que prevalecerá el sexo inscrito en el DNI frente al género que manifieste la persona afectada. Esta actualización, promovida por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, representa una desviación respecto al protocolo vigente desde 2021, que respetaba la identidad de género declarada por el detenido.
La decisión se ha basado en diversos informes jurídicos y técnicos que sostienen que este enfoque se ajusta mejor a la normativa vigente, en particular en lo que se refiere al sistema penitenciario y la protección de terceros. Sin embargo, esta modificación ha suscitado inquietud entre organizaciones defensoras de los derechos LGTBI, que la perciben como un retroceso en el reconocimiento de la identidad de género en contextos de privación de libertad.
Desde el Ministerio del Interior se aclara que este ajuste no supone una vulneración de derechos, sino una adaptación legal. Aun así, entidades como Fundación Triángulo y FELGTBI+ han manifestado su preocupación por los posibles actos de discriminación y riesgos para las personas trans, especialmente para aquellas que no han actualizado su documentación oficial.
Este nuevo criterio podría afectar la asignación de espacios de detención, los cacheos y el trato durante el proceso de arresto. Las organizaciones sociales advierten que podría contribuir a la invisibilización de las personas trans en el ámbito judicial y policial, en un momento en el que otros países avanzan en la dirección contraria.
El cambio ocurre además en un contexto de debate político sobre los límites de la autodeterminación de género, un tema que ha generado tensiones incluso dentro del Gobierno de coalición. El Ministerio de Igualdad todavía no se ha pronunciado de forma oficial sobre este nuevo enfoque en el protocolo, aunque se espera una reacción crítica en los próximos días.
