El 28 de septiembre, día marcado por la incidencia de la Dana en Valencia, se confirmó que la Delegación del Gobierno ya había previsto el envío de una alerta a la población a las 18:35 horas. Esta información fue proporcionada por Patricia García, jefa del servicio de coordinación del 112 en la Comunidad Valenciana, durante su testimonio ante la jueza de Catarroja.
García explicó que a esa hora ya disponían de un mensaje listo para ser enviado a los teléfonos móviles, advirtiendo sobre la próxima llegada de las inundaciones. No obstante, a pesar de haberse tomado medidas, la notificación masiva no se efectuó hasta las 20:11, lo que dejó a numerosos ciudadanos sin información en un momento crítico.
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Las conversaciones internas del equipo de emergencias quedaron evidenciadas mediante intercambios de mensajes por Whatsapp, donde se observa que Patricia García dialogó sobre el envío de la alerta con Inmaculada Avilés, jefa de Servicio del Centro de Emergencias de la Generalitat, aproximadamente media hora antes del suceso trágico.
Este episodio ha puesto de manifiesto no solo un posible fallo en la administración de la crisis, sino también una falta de rapidez en la implementación de acciones que podrían haber salvado vidas. La magistrada encargada del proceso calificó la demora en enviar la alerta como «tardía» y «incorrecta», subrayando el «insoportable retraso en las advertencias a la población» durante la emergencia.
Según los datos recogidos, en la reunión del Cecopi realizada a las 17:00, tres horas antes del envío del mensaje por Es-Alert, ya se estaba analizando la conveniencia de lanzar una alerta. Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, señaló que era posible enviar un mensaje a todos los móviles en la zona perjudicada, lo que indica que existía la capacidad para actuar, pero no se ejerció a tiempo.
La gestión de emergencias en situaciones críticas requiere una respuesta ágil y eficaz. En este caso, la falta de comunicación y acción inmediata ha sido objeto de críticas tanto en el ámbito judicial como por parte de la ciudadanía, que demanda respuestas claras y transparentes sobre los hechos ocurridos durante la Dana que provocó muertes.
Se espera próximamente la comparecencia de varios responsables en el Congreso para abordar estos asuntos cruciales. Entre ellos figuran Vicente Mompó, presidente de la Diputación Valenciana, y Susana Camarero, vicepresidenta, quienes deberán dar cuenta sobre la gestión de la crisis.
Es fundamental extraer enseñanzas de sucesos lamentables como este para perfeccionar los protocolos de alerta y comunicación de riesgos, asegurando así que en el futuro se proteja eficaz y oportunamente a la población ante situaciones de peligro.
