El Partido Popular ha intensificado el debate sobre la política energética y las discrepancias internas en el Gobierno al promover una enmienda que busca aplazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), previsto originalmente para 2027. Esta medida, aprobada en el Senado, ha generado tensiones entre los socios del Ejecutivo y podría abrir un nuevo conflicto político en el Congreso.
Podemos y Alianza Verde han solicitado que la Mesa del Congreso detenga la tramitación de la enmienda, alegando que invade las competencias del Gobierno y contradice los compromisos ambientales que España ha asumido en materia de transición energética. No obstante, fuentes de los partidos del Ejecutivo reconocen que el veto resulta complicado debido al respaldo parlamentario suficiente para su discusión.
Por su parte, el PP defiende que la propuesta busca asegurar la seguridad energética y preservar el empleo en la región. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el calendario de cierre fue acordado con las empresas titulares y forma parte de la estrategia nacional para la descarbonización.
La central de Almaraz, una de las instalaciones más antiguas del país, debía cesar su operación en la próxima década como parte del plan de cierre progresivo de centrales nucleares. Sin embargo, esta iniciativa del PP ha colocado al Ejecutivo en una situación compleja, obligándolo a equilibrar sus compromisos ecológicos con las presiones políticas y económicas.
