A comienzos de esta semana, dos acontecimientos han sido protagonistas en los medios de comunicación. Por un lado, la renuncia de Mazón, que ejercía como presidente de la Comunidad Valenciana, tras la gestión cuestionada de la grave dana que afectó a la zona. Por otro, el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, acusado de filtrar un correo relacionado con un caso de fraude fiscal en el que está implicado González Amador, pareja de Ayuso.
La dimisión de Mazón supone un punto decisivo en la política valenciana, influida notablemente por la presión ejercida por las víctimas de la dana. Estas lamentaron la muerte de 229 personas y demandaron responsabilidades, lo que motivó la salida de Mazón del cargo. Durante su intervención en el Congreso, las víctimas expresaron su satisfacción por haber logrado su primer objetivo, aunque indicaron que su lucha continúa con la meta de que Mazón enfrente consecuencias legales, incluyendo la prisión.
Las emociones fueron intensas al relatar las víctimas sus experiencias. No obstante, el PP y Vox optaron por no apoyar con aplausos, una actitud que provocó indignación. Las víctimas denunciaron que las autoridades se dedicaron a «ocultar información y falsear evidencias», mostrando así la falta de sensibilidad de ciertos políticos ante la tragedia.
En este contexto, Feijóo trabaja para ocupar el vacío de poder dejado por la dimisión de Mazón mediante una estrategia que incluye una alianza con Vox. Esta decisión genera dudas sobre la dirección que tomará el PP en la Comunidad Valenciana, ya que priorizar un pacto con la extrema derecha podría afectar negativamente sus posibilidades en las próximas elecciones. Se cuestiona si esta táctica favorecerá al partido o si implicará un retroceso en su posicionamiento político.
Mientras tanto, informantes del PSOE indican que Feijóo ha impulsado la narrativa de «la amenaza que representa Vox», buscando alertar sobre un posible gobierno del PP junto a la formación de derecha radical. Este escenario podría movilizar a los electores de izquierda y fortalecer su respaldo ante el temor de un ejecutivo conservador.
En el ámbito judicial, la jueza de Catajorra sigue avanzando en la investigación relacionada con Mazón, quien mantiene la protección del aforamiento debido a su cargo de diputado autonómico. La magistrada ha comenzado a citar a personas allegadas al expresidente, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos durante la emergencia de la dana, que dejó numerosas víctimas mortales y cuantiosos daños materiales.
Simultáneamente, el proceso judicial contra el fiscal general García Ortiz se complica, y posiblemente se aplique un principio de inversión de la carga de la prueba, donde él deberá demostrar su inocencia frente a las acusaciones de filtraciones a la prensa. Este panorama jurídico, junto con el escándalo que involucra a su pareja, González Amador, procesado por fraude fiscal, agrava la situación del PP.
En la esfera política nacional, el presidente Pedro Sánchez ha reafirmado su intención de agotar la legislatura y afrontar los retos planteados por Junts. A pesar de las tensiones con sus socios de coalición, Sánchez mantiene su compromiso de continuar en el gobierno mientras el PSOE cumpla con los acuerdos establecidos. La coyuntura sigue siendo dinámica, con cada partido observando y esperando el momento oportuno para actuar.
