Este jueves, por primera vez, el Consejo Europeo incluirá en su agenda la crisis habitacional que afecta al continente, un punto propuesto por España y otros países. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende elevar este asunto a nivel europeo para obtener financiación y establecer un marco regulatorio común que contribuya a mitigar el problema.
Desde La Moncloa reconocen que la vivienda representa un desafío importante en España, aunque subrayan que esta dificultad es compartida por varios Estados miembros de la Unión Europea. “Somos conscientes de la situación, pero no se trata de un fenómeno exclusivamente español”, indican fuentes del Ejecutivo, quienes defienden la necesidad de una respuesta coordinada para abordar un problema que genera tensiones sociales en gran parte del continente.
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La introducción del tema en la agenda del Consejo coincide con la creación del primer comisario europeo de Vivienda, el danés Dan Jørgensen. El Gobierno español considera esta circunstancia como una oportunidad para colocar la cuestión en el centro del debate comunitario y explorar mecanismos de apoyo económico. Aunque la reunión de hoy tendrá un carácter meramente deliberativo y no se esperan decisiones concretas, Sánchez busca promover que Bruselas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) canalicen recursos hacia los territorios más afectados. El BEI, presidido por la exvicepresidenta Nadia Calviño, estaría entre las herramientas clave para aportar liquidez al sector.
Por su parte, la Comisión Europea avanza en el diseño de un Plan Europeo de Vivienda Asequible que contempla duplicar los fondos destinados a la política de cohesión en esta área y crear una plataforma de inversión paneuropea. Desde el Ejecutivo español confían en que estas iniciativas se traduzcan en un impulso financiero concreto.
Más allá del aspecto económico, Sánchez defiende que la Unión Europea puede desempeñar un rol fundamental en la regulación del mercado inmobiliario. En concreto, propone establecer reglas comunes para frenar la especulación vinculada al crecimiento de los pisos turísticos y para definir “zonas tensionadas”, medidas que forman parte de la Ley de Vivienda española pero que han sido rechazadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El Gobierno aspira a que una directiva o marco europeo constituya una referencia obligatoria entre los Estados miembros.
No obstante, desde Bruselas advierten sobre las limitaciones de una acción homogénea. El Consejo Europeo reconoce que “la magnitud de la crisis y sus causas varían significativamente” entre países, lo que complica la búsqueda de soluciones integrales a nivel comunitario. En un documento interno, se señala que mientras en el sur de Europa los precios de alquiler aumentan a causa de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, en el sureste los problemas están relacionados con el hacinamiento y la carencia de infraestructuras.
El informe enfatiza también la gravedad del caso español: alquilar una vivienda en el centro de Madrid o Barcelona implica destinar el 74 % del salario medio, siendo esta la segunda cifra más alta del conjunto de la Unión Europea. Esta presión económica es una cuestión que el Gobierno de Sánchez pretende situar en el núcleo del debate europeo.
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