Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso acerca del registro de médicos objetores han generado nuevas tensiones dentro del Partido Popular y dificultan los esfuerzos de Alberto Núñez Feijóo por consolidar la unidad del partido respecto al aborto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid mostró su oposición a la implementación de un registro para profesionales sanitarios que se niegan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo, una medida prevista en la normativa promovida por el Ejecutivo central. Esta postura contrasta con la posición más conciliadora de la dirección nacional del PP, que intenta evitar divisiones en un asunto particularmente delicado.
En respuesta a las críticas, el Gobierno de Pedro Sánchez proporcionó datos que destacan las diferencias autonómicas. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, en comunidades como Madrid o Andalucía, menos del 1% de los abortos se llevan a cabo en centros públicos, mientras que en Cataluña la cifra supera el 55%, y en otras regiones llega al 75%.
El Ejecutivo sostiene que estas cifras reflejan las desigualdades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo según la región, y subraya la necesidad de fortalecer el sistema público para asegurar este derecho en condiciones de igualdad.
Este asunto, lejos de cerrarse, vuelve a colocar al PP en una situación compleja, con diversos dirigentes regionales adoptando posturas propias en un tema que continúa generando división dentro de la sociedad y del propio partido.
