Vox se enfrenta en Castilla y León a un panorama complicado de cara a las elecciones autonómicas que deben celebrarse antes del 15 de marzo de 2026. Esta región, donde el partido de Santiago Abascal logró su primera participación en un gobierno autonómico en 2022, representa ahora un reto fundamental para evaluar su capacidad de recuperación.
La pérdida de apoyo después de abandonar el Ejecutivo autonómico en verano de 2024, debido a discrepancias con el PP en materia migratoria, se refleja claramente en las encuestas. La última publicada en junio muestra una intención de voto del 13,2%, lo que supone una reducción de cuatro puntos respecto a los comicios de hace tres años, cuando Vox alcanzó un histórico 17,6% y fue un socio clave para que Alfonso Fernández Mañueco pudiera formar gobierno.
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La salida de Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta y referente principal del partido en la comunidad, ha dejado un hueco en el liderazgo. Aunque desde Vox destacan que lo esencial es la fuerza de la “marca” y no la persona que encabece la candidatura, la ausencia de García-Gallardo ha reavivado las especulaciones sobre su sucesor. Entre los posibles candidatos se mencionan a Carlos Pollán, presidente de las Cortes, y a David Hierro, portavoz parlamentario, que ha ganado protagonismo a través de sus críticas al Gobierno regional por la gestión de los incendios.
A esta incertidumbre respecto a la dirección se suman problemas internos: tras la ruptura con el PP, dos consejeros autonómicos abandonaron el partido y dos procuradores fueron expulsados en 2024 por promover un sector crítico, reduciendo la representación de Vox en las Cortes de 13 a 11 escaños.
En este escenario, la dirección nacional ya trabaja en la estrategia electoral. A pesar del descenso en la intención de voto, el partido confía en volver a jugar un papel decisivo para la gobernabilidad de Castilla y León, como ocurrió en 2022, y aspira a recuperar influencia en el próximo ciclo político.
