La administración de Pedro Sánchez enfrenta una nueva fase de negociaciones tensas con Junts, tras el incremento de la presión por parte de Carles Puigdemont, quien ha establecido la protección del catalán y el control migratorio como condiciones esenciales en su disputa con Aliança Catalana por el liderazgo en el independentismo.
El Ejecutivo planea establecer la obligación para las empresas que operan en Cataluña de atender a sus clientes en catalán, con el objetivo de fomentar el uso cotidiano de esta lengua. Paralelamente, el Consejo de Ministros someterá a votación la transferencia de competencias de extranjería a la Generalitat, a pesar de la clara oposición de Podemos, socio parlamentario del Gobierno.
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Este doble ámbito —lengua e inmigración— se ha transformado en materia de debate político en Cataluña, donde Junts intenta diferenciarse frente al crecimiento de otras formaciones independentistas. Desde Moncloa reconocen que la negociación es compleja, pero imprescindible para sostener la mayoría parlamentaria que mantiene al Ejecutivo en el Congreso.
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