La propuesta para un modelo de financiación específico para Cataluña enfrenta nuevamente diversos obstáculos. Además de la carencia de apoyos parlamentarios suficientes en el Congreso para avanzar en una reforma profunda, se suma el rechazo firme de los inspectores fiscales, quienes señalan posibles desigualdades en el sistema así como dificultades para coordinarse con la Agencia Tributaria estatal.
El acuerdo, que ha generado un debate complejo a nivel territorial y de gran alcance, depende también de la operatividad de la Agencia Tributaria catalana. Según informantes próximos al proceso, la administración autonómica carece por ahora de la tecnología y el personal adecuados para asumir las responsabilidades fiscales que implicaría un modelo propio de recaudación o una gestión compartida con mayor autonomía.
Estos retos técnicos y administrativos se suman a un contexto político fragmentado, caracterizado por tensiones entre comunidades autónomas, lo que dificulta la progresión de cualquier propuesta. Mientras el Govern defiende la necesidad de un sistema que reconozca la “singularidad fiscal” de Cataluña, otras regiones rechazan medidas que puedan implicar privilegios o desequilibrios comparativos.
El futuro del modelo de financiación catalán continúa incierto, con negociaciones que deberán superar no solo barreras legales y políticas, sino también las limitaciones estructurales del propio sistema.
