La Audiencia Nacional ha dictado medidas cautelares contra dos ex altos cargos del Ministerio de Transportes en relación con el llamado “caso Koldo”. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, están obligados a entregar su pasaporte y tienen prohibido salir del país tras ser imputados.
Los dos exfuncionarios son investigados por su posible participación en una red dedicada a la adjudicación irregular de contratos a compañías como Acciona, OPR (Obras Públicas y Regadíos) y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción). Según la Guardia Civil, habrían favorecido la concesión de contratos públicos a cambio de comisiones. Sin embargo, durante su declaración ante el juez negaron cualquier conducta indebida y afirmaron que actuaron conforme a los procedimientos oficiales.
La investigación, que se inició examinando supuestas irregularidades en contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia, ha ampliado su alcance incluyendo obras públicas. La causa afecta directamente al círculo cercano del PSOE, llegando a involucrar a los exsecretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de Koldo García, exasesor de Ábalos y figura central en la pesquisa.
Con la imposición de estas nuevas medidas, el proceso judicial avanza a una fase más compleja, con posibles repercusiones en los ámbitos político y administrativo.
