Rafael Pérez, que ocupó la segunda posición en el Ministerio del Interior bajo Fernando Grande-Marlaska, ha sido designado para integrar el Tribunal Supremo tras el acuerdo reciente entre PSOE y PP para la renovación de altos cargos institucionales, lo que ha suscitado nuevamente la discusión sobre las puertas giratorias en la política española.
Su salida del Ministerio tuvo lugar en un momento especialmente sensible, luego de conocerse una supuesta campaña promovida desde el entorno del PSOE contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar casos complejos de corrupción. Esta estrategia, vinculada a Leire Díez, asesora próxima al partido y reconocida en comunicación, provocó tensiones internas y un intenso debate público.
La elección de Pérez para el Tribunal Supremo es percibida por algunos sectores como parte de las concesiones políticas contempladas en el pacto bipartidista para renovar puestos judiciales. Este nombramiento ha motivado críticas por parte de partidos políticos y organizaciones, que alertan sobre la falta de autonomía del Poder Judicial y la continuidad de intercambios políticos entre las principales formaciones.
Además, el asunto ha generado preocupación dentro de la Guardia Civil, donde fuentes internas relatan que la campaña contra la UCO causó un importante descontento entre los mandos y agentes implicados en investigaciones delicadas, algunas con repercusiones políticas.
