El Tribunal Constitucional ha validado, con una estrecha mayoría de seis votos frente a cuatro, la constitucionalidad de la Ley de Amnistía impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dentro del acuerdo alcanzado con Junts per Catalunya.
Esta legislación, fundamental para la investidura del presidente en funciones, elimina las sanciones penales para los participantes en el proceso independentista catalán conocido como procés.
La sentencia del órgano judicial principal despeja la vía para implementar esta medida, a pesar de la intensa controversia política y jurídica que ha suscitado desde su propuesta. Los magistrados del bloque progresista respaldaron la decisión, mientras que los cuatro jueces conservadores presentaron votos particulares en contra, poniendo en duda la compatibilidad de la normativa con la Constitución.
La ley fue una de las exigencias de Junts, partido encabezado por Carles Puigdemont, para respaldar la investidura de Sánchez luego de las elecciones generales de 2023. Con el apoyo de sus siete diputados, el PSOE alcanzó la mayoría necesaria en el Congreso para formar gobierno.
El fallo del Constitucional supone un respaldo institucional a una de las medidas más debatidas de esta legislatura y fortalece la postura del Gobierno en su estrategia de conciliación con el independentismo catalán. Sin embargo, se prevé que esta decisión aumente el debate político y social en torno a los límites legales en las negociaciones parlamentarias.
