El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno a entregar a una senadora del Partido Popular más de 9.000 informes solicitados al Ministerio de Hacienda, rechazando el argumento del Ejecutivo de que era «materialmente imposible» facilitar dicha documentación.
La parlamentaria había reclamado acceso a estos informes en el marco de su labor de control sobre la acción del Gobierno, un derecho que el alto tribunal considera prioritario frente a las alegaciones del Ejecutivo. En su fallo, el Supremo sostiene que el derecho de los representantes públicos a fiscalizar la gestión gubernamental forma parte esencial del sistema democrático, y que no puede ser limitado de forma generalizada por supuestos problemas operativos.
El Gobierno había defendido que la magnitud de la petición —más de 9.000 documentos— suponía una carga excesiva para la Administración y hacía inviable la respuesta en tiempo y forma. Sin embargo, el tribunal ha considerado que la dificultad logística no puede anteponerse al principio constitucional de control parlamentario.
Desde el Partido Popular, se ha celebrado la decisión como una victoria para la transparencia y el control democrático. Por su parte, fuentes del Ejecutivo no han aclarado aún cómo procederán para cumplir con el fallo judicial ni si recurrirán a alguna vía legal adicional.
La sentencia podría sentar un precedente en cuanto al acceso a la información por parte de los representantes públicos y abre el debate sobre los límites administrativos frente al derecho al control institucional.
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