Ceuta, 17 de abril de 2025
La academia PROCEUTA FORMACIÓN S.L. ha llevado ante el Juzgado de Instrucción de Ceuta una querella extraordinariamente grave contra dos de los principales responsables de la gestión educativa en la ciudad autónoma: Miguel Señor Alonso, Director Provincial del Ministerio de Educación, y una asesora técnico docente de la Unidad de Programas y Estudios. En su escrito, la empresa les atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa, así como actuaciones dolosas que habrían buscado de forma sistemática paralizar su actividad, destruir su reputación y vulnerar los derechos de decenas de alumnos, muchos de ellos en proceso de regularización por “Arraigo para la Formación”.
Retraso, requerimientos contradictorios y trabajo sin competencias
Desde noviembre de 2021 PROCEUTA inició el proceso para acreditar su centro y solicitar las autorizaciones de inicio de los certificados SEAD0112 (Vigilancia y Seguridad Privada) y SSCM0108 (Limpieza de Superficies). A pesar de cumplir escrupulosamente con todos los requisitos formales, la Dirección Provincial dilató los trámites al máximo (hasta seis meses en varios requerimientos), impuso subsanaciones contradictorias y exigió normativas derogadas que carecían de validez legal. Más grave aún: se imitaron inspecciones y requisitorias de documentos propias de cuerpos con competencias sancionadoras, cuando la asesora técnico docente carecía de autoridad para ello
El silencio administrativo positivo y su desprecio
Para defender su derecho al inicio de los cursos y evitar un colapso total, PROCEUTA invocó el silencio administrativo positivo, figura contemplada en el artículo 48.5.1 del Real Decreto 659/2023, por la cual la falta de respuesta en el plazo máximo implica la concesión tácita de la autorización . Sin embargo, la Dirección Provincial ignoró esta previsión legal, imposibilitando a la academia el uso efectivo de un derecho reconocido por el propio reglamento que regula la Formación Profesional. Sólo tras la implantación de la nueva plataforma digital, que envía directamente la documentación a Madrid, se demostró que la misma información bloqueada en Ceuta era considerada suficiente por la Secretaría General de FP
Daños irreparables a alumnos y a la actividad empresarial
El golpe más devastador llegó cuando la Administración local remitió a la Oficina de Extranjería informes incompletos y deliberadamente engañosos, omitiendo que los cursos estaban autorizados. Como resultado, decenas de alumnos extranjeros —que habían pagado matrícula, asistido a clases y superado módulos— vieron extinguirse sus permisos de residencia, truncando sus planes de integración y sometiéndolos a duras situaciones personales. La academia se vio asediada por reclamaciones masivas, amenazas de demandas por presunta estafa y una oleada de críticas en redes sociales que destruyeron su imagen en cuestión de días
Favoritismo inaceptable y trato desigual
PROCEUTA pone como contraste el trato dispensado a otras academias de la ciudad, cuyas solicitudes de los mismos certificados fueron resueltas en plazos razonables y con escasos requerimientos. Igualmente, los cursos impartidos por PROCEUTA bajo convocatorias subvencionadas por el IMSERSO transcurrieron con normalidad, lo que demuestra que las trabas sólo se aplicaron cuando la empresa actuaba en el ámbito privado. Este doble rasero, a juicio de los querellantes, evidencia una clara intención de perjudicarles competitivamente y un uso arbitrario de las competencias administrativas
Consecuencias penales y patrimoniales para los funcionarios
De prosperar la querella y acreditarse la prevaricación administrativa (art. 404 CP), Miguel Señor y la asesora técnico docente de la Unidad de Programas y Estudios podrían enfrentarse a:
• Inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 a 15 años, lo que equivaldría a una expulsión fulminante de la administración.
• Multas e indemnizaciones por responsabilidad civil derivada de los daños económicos y personales ocasionados (la querella ya reclama una fianza mínima de 37.500 €).
• Embargo de bienes para garantizar el resarcimiento a PROCEUTA y a los alumnos perjudicados.
Repercusiones institucionales y sociales
Más allá de lo penal, el caso podría activar:
• Expedientes disciplinarios internos en la Función Pública, con sanciones adicionales y suspensión de funciones.
• Reclamaciones ante organismos de control, como el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia, por vulneración de derechos de los administrados.
• Pérdida de confianza en la gestión educativa de Ceuta, justo cuando la ciudad afronta retos críticos de formación y empleo juvenil
El precedente que está en juego
El Juzgado de Instrucción de Ceuta deberá ha abierto la fase instructora y ha convocado a declarar a los querellados. En función de su resolución, este proceso podría sentar doctrina sobre la discrecionalidad administrativa y el equilibrio entre el poder público y la iniciativa privada. Asimismo, la academia ha anunciado que llevará el debate al ámbito mediático y a la opinión pública nacional, con el fin de garantizar transparencia y evitar que situaciones similares vuelvan a perpetrarse contra otras entidades formativas o colectivos vulnerables.
Este caso marca, sin duda, un antes y un después en la percepción del control administrativo en Ceuta y en los límites de actuación de los funcionarios públicos.
