El Partido Popular ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de pactar “a sus espaldas” con Junts una cláusula territorial en el reparto de las ayudas destinadas a paliar el impacto de la guerra comercial con Estados Unidos. La Moncloa, por su parte, ha respondido que el PP “sobreactúa por un titular” y que estaba al tanto del contenido final del decreto.
El desencuentro estalló tras conocerse que el Ejecutivo había alcanzado un acuerdo con Junts para que Cataluña reciba aproximadamente el 25% de las ayudas incluidas en el decreto-ley aprobado el lunes en Consejo de Ministros. Desde Junts aseguran que esta cifra fue acordada en una negociación directa con el Ministerio de Economía la noche anterior.
Aunque el texto del decreto no especifica dicho porcentaje, fuentes gubernamentales admiten que el cálculo es razonable en función del peso de las exportaciones catalanas a EE.UU. en el conjunto nacional. El Gobierno sostiene que la asignación de los fondos seguirá un criterio basado en la exposición de las empresas a los aranceles, con un enfoque “equilibrado territorialmente”.
Para el PP, sin embargo, esto supone una “cesión inaceptable” a los socios independentistas de Sánchez. “Es un acuerdo asimétrico que no podemos apoyar”, afirmaron fuentes de Génova, que insisten en que las ayudas deben asignarse según las necesidades reales de las empresas, sin criterios territoriales. “Nos lo están complicando. En cuanto hay una mínima posibilidad de acuerdo, Sánchez necesita torpedear la negociación”, lamentaron.
Este giro inesperado complica el respaldo del principal partido de la oposición al decreto, pese a que hasta el lunes por la mañana las conversaciones parecían avanzar con fluidez. Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, incluso había destacado el “buen clima” de negociación tras haberse incorporado dos propuestas populares al texto.
En La Moncloa restan importancia a la polémica, aseguran que el PP conocía la redacción final desde el lunes por la noche y que en ningún caso se trata de una “cuota regional” sino de un reparto en función del impacto real en cada territorio. “Es un plan de respuesta a demanda, no de reparto fijo”, puntualizan.
El primer paquete de medidas, por valor de 7.720 millones de euros, incluye 5.000 millones en avales ICO y 2.720 millones para impulsar la internacionalización de las empresas españolas. Este decreto forma parte del plan de 14.000 millones anunciado por Sánchez para proteger la economía nacional de los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.
La aprobación de este decreto-ley en el Congreso dependerá de su convalidación en el plazo de un mes. Pese al conflicto con el PP, el Gobierno confía en recabar los apoyos necesarios de sus socios de investidura, con quienes también busca allanar el terreno para futuras negociaciones presupuestarias y reforzar la estabilidad del Ejecutivo de cara al final de la legislatura.
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