El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una transferencia extraordinaria de crédito por valor de 2.000 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa, una decisión que se ha tomado sin la comparecencia pública de la ministra Margarita Robles, sin intervención del presidente Pedro Sánchez y sin debate parlamentario previo.
La medida, ejecutada a través de un real decreto de transferencia de crédito, aumenta significativamente el presupuesto en materia de seguridad y defensa, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas internacionales y compromisos militares con aliados estratégicos. Sin embargo, la falta de transparencia y de rendición de cuentas ha generado críticas por parte de algunos grupos parlamentarios, que reclaman explicaciones tanto del Ejecutivo como de la titular de Defensa.
Fuentes gubernamentales han señalado que la partida responde a necesidades operativas y estratégicas del Ejército y que se enmarca dentro de los compromisos asumidos por España en el marco de la OTAN. Aun así, no se ha ofrecido una rueda de prensa ni comparecencia específica para detallar el destino exacto de los fondos.
La decisión ha reabierto el debate sobre el uso de transferencias presupuestarias sin control parlamentario y el nivel de opacidad con el que se manejan ciertos fondos del Estado. La oposición ha solicitado la presencia inmediata de la ministra Robles en el Congreso para ofrecer explicaciones, mientras que sectores del Gobierno mantienen silencio sobre el asunto.
Esta superpartida, aprobada fuera del marco presupuestario ordinario, eleva las cifras del gasto en defensa muy por encima de lo inicialmente previsto para 2025, en un momento en el que otros sectores clave, como la sanidad o la vivienda, reclaman también un aumento urgente de recursos.
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