La semana pasada, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFP), a través de su Directora Provincial en Melilla, anunció un “hecho histórico”: Ceuta y Melilla contarán con representación en el Consejo Escolar del Estado. A primera vista, podría considerarse una buena noticia, aunque de impacto práctico limitado. No obstante, al analizar los detalles, esta medida se revela como una nueva humillación para la ciudad autónoma, ya que no conlleva un cambio normativo real ni soluciona la discriminación existente.
Actualmente, el Consejo Escolar del Estado incluye a los presidentes de los Consejos Escolares de todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, Ceuta carece de un Consejo Escolar propio, lo que la excluye de esta representación. Esta situación es reflejo de la precariedad institucional, política y administrativa que la ciudad sufre desde hace décadas y que impacta en todos los ámbitos, incluyendo el educativo.
El problema radica en que España está compuesta por 17 Comunidades Autónomas, todas con competencias en educación, y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que carecen de estas competencias. Esta diferencia provoca una situación de desigualdad manifiesta que atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
Para garantizar una representación real en el Consejo Escolar del Estado, la solución evidente sería la creación del Consejo Escolar de Ceuta, lo que otorgaría automáticamente el derecho a estar representados en el órgano estatal. Sin embargo, esta opción parece descartada por problemas políticos y legislativos que nadie asume.
En su lugar, el MEFP ha ideado una alternativa que muchos consideran un engaño: nombrar a los presidentes de los Foros de Ceuta y Melilla entre los doce “expertos de reconocido prestigio en pedagogía y didáctica” que forman parte del Consejo Escolar del Estado. Esto significa que, a efectos formales, estas personas serán miembros del Consejo a título individual, pero no como representantes oficiales de Ceuta o Melilla. A pesar de ello, en los titulares de prensa y la comunicación oficial se presentará como un avance en la representación de la ciudad.
Esta estrategia no es nueva. Desde hace décadas, diferentes Gobiernos han minimizado la situación de desigualdad que padecen Ceuta y Melilla, recurriendo a medidas simbólicas en lugar de abordar el problema de fondo. La ciudad sigue siendo excluida de los órganos de decisión educativa y marginada en cuestiones institucionales clave.
Aunque la capacidad de Ceuta para revertir esta injusticia es limitada, sus ciudadanos son plenamente conscientes de la realidad. No se dejan engañar por maniobras políticas disfrazadas de avances históricos. La exigencia sigue siendo clara: igualdad de condiciones y una representación real en los órganos de decisión educativa del país.
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