La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra los importadores de tomate marroquí en España por un presunto fraude fiscal de 71,7 millones de euros. Según COAG, las importaciones de tomate procedentes de Marruecos habrían excedido de manera sistemática la cuota anual libre de aranceles establecida en el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el país norteafricano.
El responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, dio a conocer esta iniciativa durante un webinar en el que se abordaron las implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Este fallo declaró ilegal el acuerdo comercial con Marruecos al incluir los territorios del Sáhara Occidental.
Un fraude multimillonario
Según un informe elaborado por los servicios técnicos de COAG, Marruecos ha superado repetidamente la cuota de 285.000 toneladas anuales de tomate libre de aranceles, fijada con un precio mínimo de 0,46 euros por kilo. Desde 2019, este excedente habría alcanzado unas 230.000 toneladas anuales, lo que supone que las empresas importadoras debieron haber pagado cerca de 71,7 millones de euros en impuestos durante los últimos cinco años.
“Las cifras muestran que las empresas importadoras han eludido unos 14 millones de euros anuales en aranceles”, declaró Góngora. Además, afirmó que las cantidades procedentes del Sáhara Occidental deberían estar sujetas a condiciones distintas a las aplicadas a Marruecos, lo que incrementaría aún más las pérdidas estimadas.
La pasividad institucional
Góngora criticó la falta de respuestas claras por parte de las autoridades, tanto nacionales como europeas, sobre la liquidación de tasas arancelarias en las importaciones agrícolas de Marruecos. “Llevamos 10 años pidiendo explicaciones a la Comisión Europea y al Gobierno español, pero las instituciones solo se pasan la pelota de unas a otras. Ni Agricultura, ni Economía, ni Hacienda han dado respuesta”, denunció.
Impacto en los agricultores europeos
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara ilegal el acuerdo comercial con Marruecos, ha reavivado el debate sobre las condiciones de competencia desleal que enfrentan los agricultores europeos. COAG exige que la sentencia se aplique de inmediato, sin períodos de transición que favorezcan a las grandes empresas importadoras.
“Es inadmisible que la UE permita mantener vigente un acuerdo declarado ilegal mientras los productores agrarios seguimos perdiendo rentabilidad y desapareciendo”, enfatizó Góngora.
Reclamo a las autoridades españolas y europeas
COAG ha instado al Gobierno español a adoptar una posición firme en defensa de los agricultores. La organización reclama la anulación definitiva del acuerdo de liberalización comercial con Marruecos y la implementación de medidas que mitiguen los perjuicios causados a los productores europeos.
Mientras tanto, los agricultores continúan denunciando las graves consecuencias económicas de estos acuerdos, que favorecen a las grandes multinacionales a costa de la rentabilidad y sostenibilidad del sector agrario europeo.
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