El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que un gran jurado ha acusado formalmente a Samir Ousman Alsheikh, un hombre de 72 años residente en Carolina del Sur, por ordenar torturas en la prisión central de Damasco entre 2005 y 2008. Durante su gestión, Alsheikh presuntamente participó directamente en infligir torturas físicas y psicológicas a prisioneros, muchos de ellos opositores al régimen de Bashar Al Asad.
Según el comunicado oficial, Alsheikh ordenó llevar a los prisioneros al llamado «ala de castigo», donde eran sometidos a brutales palizas y a una tortura conocida por doblar sus cuerpos hasta romperles la columna vertebral. Estas prácticas tenían como objetivo frenar la oposición al régimen de Al Asad.
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El fiscal Martin Estrada, encargado del caso en el Distrito Central de California, describió las acusaciones como «escalofriantes» y reafirmó que Estados Unidos no será un refugio para aquellos acusados de cometer atrocidades en el extranjero. Alsheikh, quien emigró a EE.UU. en 2020, habría mentido sobre sus antecedentes para obtener un permiso de trabajo permanente y posteriormente solicitar la ciudadanía estadounidense.
Antes de su llegada a Estados Unidos, Alsheikh ocupó varios cargos en la Policía de Siria y en el aparato de seguridad nacional. También estuvo asociado con el partido Ba’ath gobernante y fue nombrado gobernador de la provincia de Deir Ez-Aour en 2011 por Al Asad.
Inicialmente, Alsheikh fue acusado de fraude en la obtención del visado y en el intento de naturalización. Sin embargo, su caso fue remitido a un gran jurado en Los Ángeles, que ha añadido cuatro cargos más: tres de tortura y uno de conspiración para cometer tortura. Si es condenado, podría enfrentar penas máximas de 20 años de prisión por cada cargo de tortura, otros 20 por conspiración y 10 por cada cargo de fraude migratorio.
Este caso destaca la importancia de la cooperación internacional en la persecución de violaciones de derechos humanos y refuerza el mensaje de que ningún lugar es seguro para quienes han cometido tales crímenes. La sentencia final dependerá de la decisión de un juez, pero el proceso ya marca un precedente significativo en la lucha contra la impunidad.
