El inicio de 2026 se presenta con una serie de procesos judiciales que influirán significativamente en el desarrollo político en España. PSOE y PP enfrentan un arranque de año marcado por juicios que involucran a exministros, antiguos dirigentes y familiares de figuras relevantes, lo que obliga a ambos partidos a responder a las exigencias judiciales más que a definir su propia línea política.
En el caso del PSOE, la atención se centra en José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización, quienes están siendo investigados por posibles irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia y supuestos contratos públicos amañados a cambio de comisiones. Ábalos, junto a su antiguo asesor Koldo García, enfrentan solicitudes de penas de hasta 30 años de prisión y permanecen en prisión provisional durante la celebración de la vista oral. Asimismo, la Audiencia Nacional está examinando pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, que podrían estar relacionados con actividades de blanqueo de capitales.
El entorno cercano al presidente Pedro Sánchez también será objeto de procesos judiciales. La Audiencia Provincial de Badajoz programó el primer juicio contra su hermano, David Sánchez, por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz, mientras que la esposa del presidente, Begoña Gómez, continúa bajo investigación por cinco posibles delitos, a la espera de informes adicionales por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) que definirán los próximos pasos.
Respecto al Partido Popular, el foco está en el inicio en abril del juicio por la Operación Kitchen, donde el exministro Jorge Fernández Díaz acudirá a juicio por su presunta participación en una trama parapolicial destinada a espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas. La Fiscalía pide para Fernández Díaz y otros altos mandos policiales penas de hasta 15 años de prisión.
Otros procedimientos relevantes incluyen el juicio al clan Pujol por el origen de su fortuna oculta en el extranjero, los procesos contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, y las investigaciones contra miembros del PP como Francisco Granados y Cristóbal Montoro. Además, continúan abiertas causas contra figuras controvertidas como el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, y la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por presuntas influencias en adjudicaciones públicas valoradas en 132 millones de euros.
Con este contexto, el año 2026 se perfila como un periodo durante el cual los tribunales seguirán condicionando la agenda política española, limitando la capacidad de los partidos para definir sus prioridades y forzando tanto al Gobierno como a la oposición a afrontar los procesos judiciales que involucran a sus antiguos dirigentes y allegados.
