Mientras el Parlamento Europeo certifica la legalidad de sus actuaciones, la defensa del líder de SALF denuncia indefensión por la censura de un informe clave.
Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF), se encuentra en el centro de diversos procesos judiciales sobre protestas multitudinarias ilegales contra Pedro Sánchez, revelación de secretos de Estado y presunta financiación ilegal de su candidatura a las europeas del pasado año.
Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso este medio, el Tribunal Supremo mantiene desde hace semanas sin entregar un informe clave elaborado por la Comisaría General de Información, cuya conclusión es favorable al investigado en una de esas causas. La defensa denuncia que dicha situación está generando una indefensión formal, al no poder acceder a un documento que consideran crucial.
Un informe exculpatorio no entregado
Fuentes jurídicas afirman que el citado informe no contiene acusación alguna contra Pérez ni su agrupación, y confirma que no existen indicios de fraude, financiación ilegal ni ningún delito relacionado con SALF. La ausencia de entrega de este informe, pese a las solicitudes reiteradas de la defensa, ha sido calificada como una “anomalía procesal”.
“Desde la defensa consideramos que se está generando una indefensión formal al obrar en el expediente un informe al que no hemos tenido acceso”, reza el escrito judicial.
El Parlamento Europeo ratifica su inocencia
A este hecho se suma otro elemento: el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado de forma oficial sobre las acusaciones vertidas contra Pérez, a raíz de las elecciones europeas de 2024. Según un informe de la Presidencia del Parlamento, al que también ha accedido este medio, todas las acusaciones resultaron “infundadas” y no se ha detectado “ninguna ilegalidad” en su campaña ni en su ejercicio como eurodiputado.
Este documento de la máxima institución europea certifica su inocencia, aunque ha tenido escasa repercusión mediática, lo que ha generado críticas por parte de sus seguidores.
Transparencia documental de SALF
Pérez, por su parte, ha difundido documentación fiscal y societaria relativa a su agrupación, incluyendo facturas con IVA declarado, pagos mediante transferencia bancaria, y la escritura de constitución de SALF, realizada ante notario y conforme a la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, tal y como reza el referido informe.
Entre los documentos publicados, destaca una factura de 3.519 EUR correspondiente a servicios de digitalización documental, que refleja tanto el cumplimiento tributario como la trazabilidad del gasto; este importe es, sorpresivamente, el más alto del que se tiene constancia.
Contexto político y mediático
El caso ha sido escasamente recogido por los principales medios de comunicación, pese a la relevancia del conflicto entre una defensa que denuncia censura judicial y un informe de Inteligencia favorable que permanece sin ser entregado.
Alvise Pérez, conocido por su oposición directa al sistema político y mediático tradicional, ha calificado los hechos como una “operación para desacreditarle sin base legal”, y mantiene que “su compromiso con la transparencia queda demostrado por los hechos y los documentos, no por opiniones”.
Fuentes de SALF afirman que ya estudian llevar a Europa el bloqueo de un informe exculpatorio por parte del Tribunal Supremo, lo que sumado a la certificación de inocencia emitida por el Parlamento Europeo, abriría una crítica europea a la acción judicial española.
