El Gobierno de Pedro Sánchez podría perder hasta 114.000 millones de euros en fondos europeos si no logra aprobar antes de agosto de 2026 una serie de reformas comprometidas con Bruselas. La falta de mayoría parlamentaria y el bloqueo por parte de sus socios impiden avanzar en leyes esenciales exigidas por la Comisión Europea.
Entre las medidas atascadas figuran la subida del impuesto al diésel y las leyes de Industria, Movilidad, Grupos de Interés y Equidad del Sistema Sanitario. Estas reformas forman parte del plan de recuperación pactado con la Unión Europea, cuyas entregas de fondos están condicionadas al cumplimiento de hitos y objetivos previamente establecidos.
El cuarto pago de estos fondos ya sufrió un retraso de un año, lo que encendió las alarmas en el Ejecutivo. Actualmente, el quinto tramo, valorado en 23.900 millones de euros, lleva más de cuatro meses en revisión en Bruselas, lo que pone aún más presión sobre el calendario legislativo del Gobierno.
Si la situación persiste, España corre el riesgo de no recibir una parte sustancial de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, fundamentales para impulsar la modernización económica tras la pandemia. La ventana para cumplir con los compromisos europeos se cierra en agosto de 2026, lo que deja un margen de tiempo cada vez más estrecho para lograr consensos en el Parlamento.
