Ceuta, 20 de junio de 2025 — La inquietud ha aumentado entre varios habitantes de Ceuta tras la implementación del nuevo sistema de parking en el Puerto de Ceuta, gestionado por el empresario Rafael Montero. Desde el inicio de esta concesión, casi todas las plazas gratuitas en la zona portuaria han desaparecido, generando descontento entre trabajadores, transportistas y residentes cercanos.
La preocupación aumentó esta semana cuando el único aparcamiento público, situado frente al centro comercial El Corte Inglés, apareció cercado en su totalidad, indicando una posible clausura permanente. Esta medida se tomó sin notificación previa ni opciones alternativas para los usuarios, lo que ha sido interpretado como una limitación a la movilidad y una forma de privatizar el espacio público.
Muchos ceutíes se preguntan: “¿Qué ocurrirá con los empleados del puerto? ¿Tendrán que abonar una tarifa obligatoriamente para estacionar?”. La situación resulta aún más crítica si se considera que anteriormente existían varias áreas de estacionamiento libre que beneficiaban a numerosos ciudadanos.
Las críticas han apuntado directamente a Rafael Montero, empresario que anteriormente estuvo en el centro de la polémica por la supuesta ampliación irregular de una nave en el puerto, que luego alquiló a una administración pública. Ciudadanos y grupos sociales cuestionan qué tipo de relación mantiene Montero con la Autoridad Portuaria y expresan preocupación respecto a una posible privatización creciente del espacio portuario.
La concesionaria Mondasu está actualmente bajo la gestión de Rafael Montero.
Otra cuestión que ha generado inquietud es la falta de comunicación oficial. Ni la Autoridad Portuaria ni Montero han ofrecido declaraciones públicas sobre este cambio significativo en el uso del espacio portuario. Asimismo, la oposición política no ha hecho manifestaciones al respecto, optando por mantener el silencio.
Un portavoz de la comunidad vecinal critica que “prefieren enfocarse en las redes sociales que en defender los intereses de la población”. Según esta perspectiva, cuando se trata de beneficios para ciertos sectores, se evita la confrontación. Mientras tanto, aumenta la percepción de que el puerto está dejando de ser un bien común para pasar a administrarse de forma privada con la aprobación de las autoridades.
Así, el nombre de Rafael Montero vuelve a estar en el centro del debate, representando para muchos una gestión portuaria que cede espacio a intereses privados en detrimento del bienestar ciudadano.
