El Consejo de Ministros ha acordado aprobar los criterios técnicos para la extensión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 hasta el año 2026. Esta resolución constituye la última iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez ante la ausencia de un nuevo proyecto presupuestario que responda a las necesidades económicas actuales.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda, esta prórroga se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Española, que estipula que si antes del 1 de enero no se aprueba una nueva Ley de Presupuestos, las cuentas públicas del periodo anterior se prorrogarán automáticamente. Asimismo, se recuerda la obligación de que el Gobierno presente anualmente los PGE ante el Congreso de los Diputados.
Esta aprobación representa la undécima prórroga presupuestaria en la historia democrática española. Anteriormente, se han registrado situaciones similares en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017, además de dos en 2018. La prórroga actual es la tercera correspondiente a los presupuestos de 2023, en un contexto marcado por la fragmentación parlamentaria y las dificultades del Ejecutivo para lograr apoyo político.
Respecto al límite de gasto, el Gobierno ha establecido un techo de gasto no financiero para 2026 que asciende a 216.177 millones de euros, una cifra histórica. Este techo también determina una senda para el déficit y la deuda de las administraciones públicas, pese a la resistencia del Congreso para su aprobación. No obstante, el plan fiscal estructural a medio plazo enviado a Bruselas el año pasado, debido a la negativa del Congreso, entrará en vigor, restringiendo el margen de gasto de las comunidades autónomas y facilitando la acción de la Administración Central.
Las estimaciones de déficit público son optimistas, con una reducción prevista desde el 2,1% en 2026, hasta el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. Por su parte, se proyecta que la deuda pública alcance el 100,9% del PIB en 2026, descendiendo al 100% en 2027 y al 99,1% en 2028. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que los presupuestos de 2026 serán «expansivos y responsables», y que aspiran a ser percibidos como una necesidad por la ciudadanía.
Un dato relevante en la situación fiscal es el déficit público, que se ha reducido al 0,61% del PIB en octubre, mientras que la deuda del Estado se situó en un 1,86% durante los primeros diez meses del año. Esta mejora refleja avances en la gestión financiera del país y puede influir favorablemente en la percepción pública sobre la administración gubernamental.
Además, el Gobierno está enfocando esfuerzos en la absorción de fondos de la iniciativa Next Generation. El 16 de septiembre se aprobó un nuevo componente destinado a implementar proyectos para fortalecer la capacidad del país frente a fenómenos meteorológicos que puedan afectar la economía. Esta estrategia busca invertir tanto en infraestructura como en la resiliencia económica.
Por añadidura, el Consejo de Ministros dio luz verde, el 9 de diciembre, a modificaciones que agilizan los procesos de verificación y ejecución relacionados con el uso de estos fondos europeos. Los cambios buscan reducir la burocracia y optimizar la utilización de los recursos, preparándose para el cierre del mecanismo de recuperación europeo en agosto de 2026. De manera transitoria, hasta que se disponga de nuevos PGE, los créditos prorrogados se ajustarán para cumplir con el plan de recuperación durante 2026.
