Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto al País Vasco, han mostrado su rechazo al nuevo decreto del Gobierno que limita la proliferación de universidades privadas, especialmente en su modalidad ‘online’.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, así como el País Vasco, han expresado su desacuerdo con el decreto aprobado recientemente por el Gobierno central, que endurece los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas, particularmente aquellas que ofrecen formación exclusivamente online.
Los gobiernos regionales consideran que la normativa representa un intento de recentralizar competencias que, hasta ahora, estaban en manos de las comunidades autónomas. En concreto, critican que el Ejecutivo quiera asumir la gestión y autorización de los nuevos campus virtuales, una atribución que tradicionalmente ha correspondido a las administraciones autonómicas.
Desde estas comunidades se argumenta que el nuevo marco legal limita su capacidad de decisión en materia educativa y obstaculiza el desarrollo de un modelo universitario adaptado a las necesidades y particularidades de cada región. También advierten del impacto negativo que esta medida podría tener sobre la innovación y la oferta educativa en el ámbito privado.
El Gobierno, por su parte, defiende el decreto como un paso necesario para garantizar la calidad académica y evitar la proliferación de centros sin garantías suficientes. Asegura que la supervisión estatal de los campus online responde a la necesidad de homogeneizar criterios y prevenir posibles abusos.
La tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades se suma a un debate más amplio sobre el equilibrio competencial en el ámbito educativo, especialmente en lo que respecta a la regulación del sistema universitario.
