El Partido Popular ha empleado en el caso de Venezuela una estrategia similar a la utilizada en la guerra de Gaza: evita valorar de forma directa si la intervención de Estados Unidos y la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro constituyen una infracción del Derecho Internacional. Desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo indican que será un tribunal el que determine si Donald Trump ha incumplido el Derecho Internacional, evitando así adoptar una postura explícita acerca de la legalidad de la operación estadounidense.
La dirección del PP rehúsa criticar públicamente al expresidente estadounidense a pesar de que la acción militar en Caracas —que terminó con la captura de Maduro en territorio venezolano— ha sido considerada por varios expertos y líderes internacionales como una posible violación del Derecho Internacional, ya que no contó con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni con el consentimiento de las autoridades venezolanas.
En su defensa, el PP enfatiza que respeta el Estado de derecho y el orden internacional, aunque no adopta una posición clara sobre si EE. UU. actuó conforme a estas normas. En rueda de prensa, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, destacó que “Venezuela está mejor sin Maduro que con él” y solicitó la realización de elecciones democráticas en el país latinoamericano, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que sea un tribunal quien juzgue el aspecto jurídico de la intervención.
La postura oficial del PP ha generado tensiones tanto en la política española como en la opinión pública, dado que el partido ha cuestionado históricamente a líderes autoritarios como Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Sin embargo, ante las consultas sobre la acción de Trump, los responsables populares insisten en que no corresponde a su partido determinar si se ha violado el Derecho Internacional, sino que esta competencia recae en las instancias judiciales correspondientes.
Asimismo, desde Génova sostienen que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta “utilizar la crisis venezolana para distraer la atención de los problemas internos y los casos de corrupción vinculados al PSOE”, argumento que ha ganado protagonismo en los discursos recientes de los dirigentes del PP.
Mientras tanto, en el ámbito internacional, la captura de Maduro continúa causando críticas y debates sobre su legalidad —con líderes y organismos que califican la operación como una posible infracción del Derecho Internacional—, y la polarización política en España refleja las diferencias en torno a este hecho diplomático y jurídico con repercusión global.
