La maniobra judicial no alcanza siquiera la cifra para ser delito.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado formalmente a la Sala Segunda del Alto Tribunal que abra causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por presuntos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral de 7.000 euros.
Lo hace pese a que el Parlamento Europeo ya certificó oficialmente su absolución, descartando cualquier conducta delictiva relacionada con su campaña electoral o financiación.
La petición fiscal se sustenta en la declaración del empresario Álvaro Romillo Castillo, actualmente investigado por estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y organización criminal, quien aseguró haber entregado a Alvise 100.000 euros en efectivo por el pago de una conferencia masiva con 3.500 personas.
La acusación, realizada sin soporte documental, fue remitida a la Audiencia Nacional en octubre de 2024 y posteriormente al Juzgado Central de Instrucción nº 4, que abrió una pieza separada.
El pasado 31 de marzo, la Fiscalía trasladó su informe al magistrado ponente Andrés Martínez Arrieta, solicitando que se incoe un procedimiento penal contra Alvise y se practiquen diligencias como la investigación de wallets de criptomonedas, revisión de cuentas bancarias y requerimientos económicos a su agrupación electoral Se Acabó La Fiesta (SALF), pese a que ninguna de estas vías ha arrojado pruebas hasta la fecha, y un informe de la Comisaría General de Información ha sido incapaz de encontrar ilícito alguno.
Desde el entorno del eurodiputado recuerdan que el Parlamento Europeo ya se pronunció de forma oficial este mismo Marzo de 2024, exonerándolo completamente de cualquier infracción legal o electoral, y ratificando la legalidad de todos los procedimientos financieros revisados por la institución:
“La Fiscalía insiste en una causa sin pruebas que ya ha sido desmentida por Europa. Esto no es una investigación, es un intento de persecución política para sabotear su candidatura nacional”, afirman fuentes cercanas al eurodiputado.
Con esta actuación, la Fiscalía ignora el principio de subsidiariedad y los acuerdos de inmunidad parlamentaria previstos en el Protocolo nº 7 de la Unión Europea, que protegen a los diputados europeos frente a injerencias judiciales nacionales no justificadas.
La causa está ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si da curso a la petición fiscal o reconoce la ya existente resolución absolutoria del Parlamento Europeo, lo que dejaría en evidencia el carácter político y mediático de esta ofensiva judicial.
