Alvise Pérez revela cuentas vinculadas a José Bono en República Dominicana y señala implicaciones políticas.
El eurodiputado Alvise Pérez, líder de “Se Acabó La Fiesta” (SALF), ha revelado públicamente información sobre cinco cuentas supuestamente vinculadas al exministro José Bono Martínez en República Dominicana. Según Pérez, Bono obtuvo en 2020 una “naturalización privilegiada” otorgada directamente por el presidente dominicano, Luis Abinader. Además, creó cuatro sociedades offshore: Teivelpir RD, Veleta Sociedad, Vetapir y Grupo Tiseck, todas formalmente dedicadas al asesoramiento financiero y fiscal.
Estas revelaciones llegan acompañadas de una denuncia formal presentada en la Fiscalía provincial de Albacete contra Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, exministro de Transportes, acusados de exigir supuestamente una comisión de 10 millones de euros para facilitar la aprobación del proyecto del Aeropuerto Internacional de Carga en La Roda. El proyecto, inicialmente bloqueado por Bono desde 2004 tras no obtener un supuesto 25% en acciones, incluía como inversores al Banco Santander y a la multinacional Sinosteel.
Pérez también menciona al actual Director General de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, indicando que actuó presuntamente en nombre de Bono para reclamar participación en dicho proyecto. Adicionalmente, resalta una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que pidió en 2023 la imputación de María Dolores de Cospedal tras presentar audios que contradicen sus declaraciones judiciales, relativas a una presunta solicitud de dinero en efectivo a cambio de favores políticos.
La información difundida por Pérez también apunta a otros casos polémicos vinculados a José Bono, incluyendo posibles irregularidades financieras en el aeropuerto de Ciudad Real, comisiones relacionadas con el proyecto inmobiliario de Seseña y un aeropuerto privado en la finca Los Castaños, propiedad de la familia Botín y vinculado al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.
La Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estudian actualmente estas denuncias y documentación aportada por el eurodiputado, que han confirmado haber elevado la denuncia a Anticorrupción por la ‘verosimilitud’ y pruebas aportadas.
