El Ministerio Público, respaldado por un informe de la UCO, concluye que la información proporcionada por el PSOE a la Audiencia Nacional no ofrece datos nuevos relevantes ni justifica la apertura de un proceso judicial.
Este martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ordenado el archivo de las diligencias de investigación relacionadas con el dispositivo USB que la exmiembro socialista Leire Díez entregó a la dirección del PSOE en junio de 2025. Después de varios meses de análisis, el Ministerio Público ha concluido que el contenido del dispositivo no contiene elementos que indiquen actividad delictiva que justifiquen su judicialización.
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La resolución llega tras la finalización del análisis detallado realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según fuentes judiciales, el informe policial indica que los datos aportados —incluidos documentos, grabaciones y supuestas pruebas de seguimientos a altos cargos— no aportan «novedades significativas» en comparación con la información ya conocida o investigada en causas paralelas.
El inicio de la controversia
El camino de este ‘pendrive’ comenzó el 3 de junio de 2025, cuando Leire Díez, previo a su baja en el partido, entregó el dispositivo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la sede de Ferraz. Bajo el principio de actuar con «transparencia total», el PSOE envió rápidamente el material a la Fiscalía General del Estado, que finalmente lo remitió a la Audiencia Nacional.
Durante este periodo, el contenido del USB generó gran atención política, dado que se sugirió que incluía:
- Datos vinculados a la llamada «trama de los hidrocarburos».
- Presuntos seguimientos al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a miembros de la Guardia Civil.
- Documentos recopilados por Díez en lo que describió como un «trabajo periodístico» para un libro futuro.
Falta de base judicial
No obstante, la Fiscalía ha sido clara en su valoración: no existen fundamentos para abrir una nueva imputación. El archivo de la investigación representa un alivio para el entorno del PSOE, afectado por las acciones de su exmiembro, aunque Leire Díez continúa enfrentando procesos judiciales por presunto cohecho y tráfico de influencias en juzgados de Madrid.
Esta decisión coincide con la orden reciente del juez Santiago Pedraz de proceder a un «depurado» del material personal incautado en el domicilio de Díez, asegurando que únicamente la información estrictamente relacionada con los delitos en investigación (como un posible amaño de contratos en la SEPI) permanezca en el expediente.
Con este cierre, la Audiencia Nacional desvincula de forma definitiva el material aportado por el PSOE de cualquier posible trama de espionaje o extorsión con potencial de persecución penal independiente.
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