Luna Fernández, una de las dos ciudadanas españolas repatriadas en 2023 desde los campos de refugiados para familiares de yihadistas en Siria, no deberá regresar a prisión para cumplir la condena de tres años por integración en organización terrorista dictada por la Audiencia Nacional. La Sección Cuarta de lo Penal ha otorgado una suspensión extraordinaria de la pena por un periodo de cinco años, siempre que no cometa nuevos delitos y realice 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta resolución, recogida en un auto judicial publicado por El Confidencial, podría abrir la posibilidad de que Yolanda Martínez —compañera de repatriación, madre de cuatro hijos y en situación procesal semejante— reciba un trato similar. Por ahora, su ingreso en prisión ha sido aplazado hasta el 30 de septiembre.
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Una vida marcada por el califato
Viuda y madre de seis hijos, Fernández se trasladó a Siria junto a su esposo para residir en el autodenominado califato del Estado Islámico. Tras el fallecimiento de él en un ataque de la coalición internacional, quedó atrapada en un campo administrado por fuerzas kurdas, donde estuvo confinada durante cuatro años junto a sus hijos. Al regresar a España, permaneció en prisión preventiva durante un año y nueve meses, un periodo que ha sido valorado en su trayectoria judicial.
En sus argumentos para evitar volver a la cárcel, la acusada manifestó su disposición a participar voluntariamente en un programa de desradicalización y comunicó que actualmente reside en Castilla-La Mancha, lejos de su antiguo domicilio en Madrid.
La justicia opta por la reintegración
El tribunal basa su resolución en el artículo 80.3 del Código Penal, que permite suspender excepcionalmente la ejecución de una pena atendiendo a las circunstancias personales del condenado. Los magistrados destacan que Fernández carece de antecedentes penales, no ha reincidido en conductas delictivas y no se ha constatado que mantenga vínculos con organizaciones yihadistas.
“No se trata de un derecho, sino de una concesión”, señalan los jueces en el auto, apelando a criterios de proporcionalidad y a un modelo restaurativo orientado a la reinserción social. En contraste, la Fiscalía y la acusación popular representada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se han opuesto a esta suspensión, manteniendo reservas sobre la auténtica desvinculación de estas mujeres respecto al ideario yihadista.
Un pasado bajo sospecha
Tanto Fernández como Martínez han sostenido que su desplazamiento a Siria obedeció a la voluntad de seguir a sus esposos, negando haber compartido las ideas del Daesh. No obstante, los jueces recordaron en la sentencia que ambas aceptaron la condena de tres años de prisión por integración en organización terrorista.
El Estado Islámico, considerado el mayor grupo yihadista de la historia, perdió su autoproclamado califato tras la ofensiva internacional dirigida por Estados Unidos. Los esposos de estas mujeres fallecieron en combate o desaparecieron en el frente. Ellas, junto a sus hijos, permanecieron en campos de refugiados hasta que el Gobierno español ordenó su retorno.
Con la reciente decisión de la Audiencia Nacional, Luna Fernández obtiene la oportunidad de reconstruir su vida fuera de prisión. La duda ahora se centra en si Yolanda Martínez, en circunstancias semejantes, recibirá el mismo tratamiento en los próximos días.
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