El 29 de abril, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, fue protagonista de un incidente público cuando el ultraderechista Vito Quiles la grabó en vídeo mientras estaba en una cafetería acompañada de amigas. Este hecho provocó una controversia política y mediática en España, que desembocó en cambios dentro del equipo de seguridad presidencial.
De acuerdo con sindicatos policiales como JUPOL, tres de los cuatro escoltas que acompañaban a Begoña Gómez ese día fueron separados de sus funciones. La orden habría sido impartida directamente desde Presidencia, lo que ha generado descontento en el cuerpo policial.
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Laura García, representante de JUPOL, declaró a laSexta que los escoltas actuaron siguiendo las instrucciones de la propia Begoña Gómez, quien solicitó privacidad y espacio para estar con sus amigas. «La decisión de apartar a los agentes proviene de Presidencia, y ellos solo obedecieron órdenes concretas de la señora Gómez para interrumpir la burbuja de seguridad y asegurar su tranquilidad», indicó García.
Reacción de los escoltas
Según el sindicato, uno de los cuatro agentes se puso a disposición de sus superiores tras el incidente, mientras que los otros tres fueron sancionados. Esta medida ha recibido críticas por considerarse injustificada y excesiva, dado que los agentes actuaron conforme a protocolos y órdenes de la persona protegida.
El sindicato advierte que estas decisiones pueden afectar negativamente la moral del personal encargado de la protección de altos cargos y abre un debate sobre la independencia de los escoltas ante decisiones políticas en contextos de riesgo público.
Contexto del incidente
El vídeo grabado por Vito Quiles se difundió rápidamente, generando opiniones sobre la exposición mediática de la familia presidencial. Aunque no hubo daños físicos, la grabación fue señalada como una invasión a la privacidad de Begoña Gómez. Como consecuencia, la Policía Nacional ha tenido que explicar sus protocolos y la actuación de los escoltas, mientras los sindicatos respaldan la profesionalidad de los agentes.
Este caso mantiene la atención pública y agrega una nueva discusión sobre la seguridad y privacidad de las figuras públicas en España.
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