El gobierno de Aziz Akhannouch enfrenta una nueva polémica que ha desatado indignación entre la ciudadanía y la clase política. Mientras miles de marroquíes lidian con la crisis económica y la creciente inflación, una cifra alarmante ha salido a la luz: 13.300 millones de dírhams destinados a apoyar la importación de ganado vacuno y ovino han sido canalizados de manera opaca, beneficiando a un grupo reducido de 277 importadores sin que la población perciba ventajas reales.
La denuncia proviene de Nabil Benabdallah, secretario general del Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), quien, respaldado por documentos oficiales del Ministerio de Finanzas, expone lo que califica como un verdadero fiasco financiero. Según Benabdallah, estos fondos, lejos de contribuir al bienestar de los ciudadanos, han sido despilfarrados sin transparencia ni rendición de cuentas.
Silencio del gobierno y sospechas de favoritismo
El escándalo toma aún más relevancia debido a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo. Durante el debate del proyecto de ley de finanzas de 2025, el PPS exigió aclaraciones sobre el uso de estos recursos, pero hasta la fecha el gobierno no ha ofrecido explicaciones concretas. Esta actitud ha alimentado las sospechas de favoritismo y manejo discrecional de fondos públicos, generando críticas tanto desde la oposición como desde distintos sectores de la sociedad.
A medida que la presión aumenta, el caso se perfila como un desafío crucial para la administración de Akhannouch. ¿Responderá el gobierno a las acusaciones o seguirá optando por el silencio? La opinión pública, cada vez más atenta a la gestión de los recursos del Estado, espera respuestas claras y medidas concretas para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso del dinero público.
