Distintos jueces han ido cerrando en firme durante los últimos 9 meses las querellas presentadas por más de una decena de diputados socialistas contra el “ultra” Alvise Pérez por revelar pruebas del caso Tito Berni, aquellas cenas regadas con cocaína, prostitución y comisiones que estallaron en 2023.
El archivo definitivo confirma que el líder de Se Acabó La Fiesta no cometió delito alguno, pese a difundir capturas de facturas, listados de restaurantes de lujo en Madrid y hasta audios internos de la trama.
El PSOE acusó a Pérez de vulnerar revelación de secretos y de montar un “circo mediático” para desgastar al Gobierno. Sin embargo, los jueces han certificado que el material publicado estaba amparado por el derecho a la información.
Una derrota judicial que vuelve a poner en evidencia la incapacidad de las instituciones y clase política en frenar a un populista como Alvise que, sin partido tradicional ni medios afines, logró en las europeas más del 5% de votos.
En el Congreso se multiplican las voces que reclaman nuevas leyes para castigar a figuras como Alvise.
El archivo de las causas contra Alvise coincide con la tramitación del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la franquista Ley de Secretos de 1968.
El texto, previsto para aprobarse en 2026, fija cuatro niveles de clasificación (Alto Secreto, Secreto, Confidencial, Restringido) con plazos de desclasificación de hasta 45 años, y prevé sanciones económicas millonarias por acceso indebido o difusión, lo que sí permitiría penas de cárcel contra ultras cómo Alvise Pérez.
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