La Junta de Andalucía denuncia un «nuevo agravio» tras la reiterada negativa del Ejecutivo central a concederle la condición oficial de Frontera Sur. Esta decisión limita el acceso a financiación y ayuda, mientras que el Gobierno sostiene que las mayores llegadas migratorias se producen en otras áreas.
El Ejecutivo español ha denegado nuevamente la petición de la Junta de Andalucía para que sea reconocida oficialmente como «Frontera Sur» con fines migratorios. Este reconocimiento es vital para obtener fondos y recursos específicos de la Unión Europea y del Estado, destinados a gestionar la presión migratoria, la acogida y la integración de personas migrantes.
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La polémica ha aumentado tras la negativa del Gobierno, que argumenta, según diversas fuentes, que Andalucía no representa actualmente la «principal vía de entrada de inmigrantes irregulares» a España.
Recursos y atención a menores, aspectos centrales
El reconocimiento como Frontera Sur es una demanda constante de la Junta, a través de la Consejería de Inclusión Social y el Foro Andaluz para la Integración de Personas Migrantes. Andalucía, con cerca de 900 kilómetros de costa situada a apenas 14 kilómetros del continente africano, sostiene que su ubicación geográfica la convierte de facto en un punto de entrada fundamental, lo que implica un esfuerzo adicional constante.
La principal inquietud se centra en la atención de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). La Junta solicita un sistema de financiación y distribución equitativo, similar al aplicado en otras regiones reconocidas. Al no concederse la condición de Frontera Sur, sienten que se les priva de los recursos necesarios para compensar los costos derivados de la sobreocupación.
Comparación con otras comunidades autónomas
La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha expresado su rechazo a esta postura, calificándola de «nuevo agravio comparativo» y un «menosprecio» hacia Andalucía.
Las críticas se acentúan al comparar la situación de Andalucía con la de otras comunidades. Mientras el Gobierno niega el estatus de Frontera Sur a Andalucía, territorios como País Vasco o Cataluña han obtenido el reconocimiento del «efecto frontera» o incluso competencias en materia migratoria, como la gestión de fronteras y la expedición del NIE, en el caso catalán.
La Junta insiste en que, aunque la llegada de migrantes pueda variar, la comunidad sigue siendo un territorio estratégico para el tránsito de migración irregular y considera que negar su estatus responde a un «error político» que no refleja su realidad geográfica y social.
