El Ejecutivo ha establecido un plazo de tres meses para que Aragón, Asturias, Baleares y Madrid implementen un Registro de Personas Objetoras, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La finalidad es garantizar que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no impida a las mujeres ejercer su derecho a interrumpir un embarazo.
En una carta dirigida a los presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaca la relevancia de facilitar el acceso a este derecho y subraya que la ausencia de un registro restringe, de hecho, el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la ley. Además, recuerda que la creación de este registro es una obligación legal según el artículo 19 de la normativa, y que su incumplimiento podría desencadenar acciones legales para su cumplimiento.
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Este Registro de Objetores, que debe estar establecido tanto en cada comunidad autónoma como en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), fue incorporado a la ley en marzo de 2023 y aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024. Su propósito es organizar y gestionar la prestación sanitaria de manera que se respete la objeción de conciencia sin limitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Sánchez también recuerda que este derecho cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y recalca que la autonomía de las mujeres debe prevalecer frente a cualquier barrera administrativa: “El respeto a la objeción de conciencia nunca debe transformarse en una barrera para la atención sanitaria de las mujeres en todo el territorio nacional”.
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