Los ocho miembros de la mesa que adjudicó las obras a la UTE formada por Acciona y Servinabar deberán comparecer en el Parlamento de Navarra para explicar la concesión del contrato por 76 millones de euros.
El Parlamento de Navarra prevé celebrar en octubre una comisión de investigación enfocada en las posibles irregularidades encontradas en la adjudicación de contratos públicos realizados por el Gobierno foral. Esta medida fue impulsada a partir del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala una posible red de contrataciones sospechosas relacionadas con el entorno del socialista Santos Cerdán y su socio Koldo García.
Aunque la investigación abarcará contratos de las últimas cuatro legislaturas, no se requerirá la comparecencia de la presidenta navarra, María Chivite. El PSN-PSOE y sus aliados en Geroa Bai y EH Bildu usaron su mayoría parlamentaria para excluirla de la nómina de comparecientes.
El funcionario de más alto rango del actual Ejecutivo citado a declarar es el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien es tío de la presidenta. Durante su gestión se licitó y adjudicó el proyecto de reforma del túnel de Belate por 76 millones de euros a una UTE integrada por Acciona y Servinabar, sociedad de la que Cerdán es copropietario. También ha sido citado José María Entrecanales, presidente de Acciona.
El foco, sin embargo, estará en los ocho miembros que componían la mesa de adjudicación, cuyos testimonios resultarán fundamentales para esclarecer los motivos por los que el contrato fue asignado a la llamada «trama Koldo».
Entre estos destaca Jesús Polo Soriano, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, acusado de beneficiar a la UTE ganadora con su puntuación, pese a conocer previamente las evaluaciones de los demás miembros. Su participación en la mesa fue posible gracias a un cambio presupuestario promovido por la entonces consejera Elma Saiz —actual ministra de Seguridad Social— que impidió su jubilación al superar los 70 años.
En oposición se encuentra Lorenzo Serena, secretario de la mesa, quien junto a otros dos funcionarios emitió votos particulares denunciando la falta de justificación técnica en la adjudicación. Estos tres empleados, considerados «objetores internos», manifestaron abiertamente su desacuerdo con el resultado del concurso.
Aunque también se revisarán adjudicaciones realizadas bajo los gobiernos de Yolanda Barcina, Uxue Barkos y la misma María Chivite, ninguna de las tres expresidentas ha sido convocada a declarar. Tampoco está citado Ramón Alzórriz, ex número dos del PSN, quien renunció recientemente tras revelarse que ocultó que su pareja trabajaba en Servinabar.
En cambio, sí figuran como testigos Santos Cerdán y Koldo García, ambos considerados elementos centrales de la red. Su convocatoria fue impulsada desde EH Bildu, no por el PSN.
La comisión anticipa confrontaciones entre funcionarios técnicos y representantes políticos, con un trasfondo de supuesta corrupción que ya ha motivado dimisiones y arrestos. El caso del túnel de Belate, núcleo del escándalo, podría revelar las debilidades de una red que durante años habría operado bajo la fachada de legalidad institucional.
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