Ceuta, 27 de febrero de 2024. Tras más de nueve meses de un conflicto laboral que incluyó una huelga indefinida de más de dos meses, el personal de la Administración de Justicia en Ceuta enfrenta un momento crucial. Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT han intensificado sus esfuerzos para encontrar una resolución, dirigiendo sus demandas tanto al Ministerio de Justicia como a los distintos grupos parlamentarios y a las Comunidades Autónomas transferidas.
En un escrito conjunto, los sindicatos han solicitado participar en la Conferencia Sectorial programada para el 1 de marzo, con la intención de exponer su posición ante las Comunidades Autónomas. Esta acción subraya la importancia del diálogo directo en la búsqueda de soluciones a un conflicto que ha afectado a todos los trabajadores de la Administración de Justicia, tanto de los Cuerpos Generales como Especiales.
La postura de los trabajadores y trabajadoras es clara y rotunda: cualquier negociación debe abordar la plataforma reivindicativa que originó el conflicto. Esta plataforma incluye asuntos clave como el Real Decreto-ley 6/2023, actualmente en tramitación parlamentaria, que tendrá un impacto en todas las Comunidades Autónomas, así como la posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a través del proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, que implicaría un cambio en el modelo organizativo de la Justicia.
Los sindicatos han enfatizado que no caerán en lo que consideran provocaciones del Ministerio de Justicia, que, según ellos, evita abordar una solución integral a un conflicto que es global y afecta a toda la Administración de Justicia. El Ministerio está siendo instado a hacer una propuesta económica que contemple un reconocimiento profesional y retributivo de todo el personal, incluyendo un incremento salarial para el Cuerpo General de Procesales (CGP).
Este conflicto, que ha venido arrastrándose, pone de manifiesto la necesidad de un enfoque equitativo y justo en la valoración del trabajo de los profesionales de la Justicia. La petición de una reunión urgente con los diferentes Grupos Parlamentarios refleja la urgencia y la seriedad de la situación.
En Ceuta, donde el funcionamiento efectivo de la Administración de Justicia es vital para el mantenimiento de la legalidad y el orden, la resolución de este conflicto no es solo una cuestión laboral, sino un asunto de interés público. La comunidad espera con ansias que las negociaciones del 28 de febrero en la mesa sectorial aporten soluciones concretas y satisfactorias para todos los involucrados.
